Vacunación frente al Covid-19 / Foto: Comunidad de Madrid
De hecho, el socialista se mostró favorable por la “situación de emergencia” que ha generado la pandemia de coronavirus. Se trata, defendió, de una situación “extraordinaria” y como “no habíamos conocido seguramente nunca”. “Yo no creo que en España exista ninguna cláusula constitucional que impida pensar en la vacunación obligatoria”, mantuvo.
Eso sí, reconoció en una entrevista concedida a Europa Press que si alguien le hubiera hecho la pregunta de manera teórica antes de lo ocurrido su respuesta habría sido que no. “Si alguien me hubiera preguntado si era posible imponer al conjunto de la ciudadanía una vacunación obligatoria frente a un mal entonces impredecible la respuesta teórica en abstracto hubiera sido no”, admitió.
Pero, defendió, “a la vista de la experiencia acumulada son cada vez más los Estados miembros que están encontrando acomodo constitucional a la necesidad de activar medidas de vacunación obligatoria”.
Primero que nada “al conjunto de los funcionarios públicos” y segundo a “aquellos trabajadores que no pueden teletrabajar y por tanto tienen que presentarse en los locales donde ejercitan su prestación de trabajo”.
López Aguilar defendió que la vacunación de aquellas personas que trabajan de cara al público es una “forma de asegurar la salud pública y el derecho a la vida que los poderes públicos tienen el deber de preservar”.
Y es que el socialista indicó que este virus -que está haciendo tanto daño a nivel global- se está cobrando un coste de vidas inferior al inicial gracias a las vacunas. “Puede que los contagios resistan la comparación, pero la mortalidad ya no la resiste y la única respuesta es la vacunación”, argumentó.
“Por tanto, si la vacunación se prueba efectiva para prevenir muertes y para evitar también la saturación de las UCIs y de las plantas hospitalarias de los Estados miembros, esta es una medida que puede encontrar acomodo en las constituciones”, argumentó.
El debate entre privacidad, libertad y salud pública “está abierto”, reconoce el experto en derecho constitucional: “Está teniendo lugar en toda Europa y hay una gran tensión dialéctica acumulada intentando dar cuenta del equilibrio dificilísimo entre la preservación de la vida y de la salud pública con la privacidad”.
Se trata del debate causado por el llamado pasaporte Covid, primero para viajar, que está siendo usado ahora por algunas administraciones regionales y locales como vía para limitar la entrada a servicios e intentar controlar los contagios. “Sin duda ninguna son derechos prevalentes, los de la privacidad de los datos relativos a la salud y la confidencialidad de los datos médicos. Mucha gente protesta y dice ¿por qué tengo yo que estar enseñando continuamente estos datos?”, reconoció.
Pero en su opinión, “lo cierto es que la mayor parte de los Estados miembros tienen en sus ordenamientos constitucionales alguna cláusula que lo justifica, que preserva el derecho de la vida, el derecho a la salud pública y la obligación de los poderes públicos de preservar el derecho a la vida y a la salud pública y que exigen ciertos sacrificios de los datos que estimamos hasta este momento que eran intransferibles y nos obligan efectivamente”. “Es un equilibrio difícil, pero lo ha impuesto la necesidad”, sostuvo.
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