Estoy absolutamente seguro de que la inmensa mayor parte de los españoles, que dicho sea de paso no robamos a nadie, no quisieran llegar a que el Estado de todos llegue a hacer lo que está haciendo en Cataluña: empezando por controlar las cuentas públicas e imputando a quienes las manejen de manera indebida. Lo ha dicho el presidente Rajoy en nombre del Gobierno y en esta ocasión pocos conciudadanos discreparán de sus palabras. Ante el que delinque no existe más alternativa que aplicar la Ley; de otra forma todos delinquiríamos, y este mundo sería un caos total.
Los independentistas catalanes mienten como verdaderos bellacos para defender sus planteamientos legítimos y, lo más inaceptable, es que atropellan sin reparo las leyes y normas que nos hemos dado democráticamente todos, incluidos la mayor parte de los habitantes de Cataluña. Aunque se haya abandonado mucho el margen que proporciona siempre la negociación política, la realidad es que ante el reto al Estado y el desprecio hacia los demás, ya no cabe encogerse de hombros y dejar cometer nuevas tropelías.
Ningún Gobierno de ningún país desarrollado, ni siquiera del Tercer Mundo en el que grandes cerebros políticos como Puigdemont y Forcadell quieren colocar a Cataluña, haría otra cosa. Algunos quizás con mayor contundencia sobre todo en las formas y, desde luego sin dejar el mal ejemplo público de que quien la hace no la pague. No hay que confundir una rebelión contra un régimen totalitario y unas leyes impuestas por la fuerza con un sistema de democracia y libertades como el que disfrutamos. Ocurrió en España, no sin colaboración también catalana, y lo sufrimos 40 años.
Pero ya no ocurre y no ocurre gracias en parte a la colaboración de grandes políticos catalanes de otro signo que contribuyeron a conseguirlo. La Constitución y las leyes, como el Estatut, fueron aprobadas por una mayoría de ciudadanos o por los representantes que todos hemos escogido. Los independentistas que Puigdemont y Forcadell encabezan tienen sus ideas, legítimas por supuesto, pero no tienen derecho a imponerlas por la fuerza, eso es lo que hacen los dictadores´. Fue lo que hizo Franco y lo que intentó Tejero cada uno con sus métodos, y por la mentira.
No tienen el derecho que se abrogan partiendo además de la técnica de engañar a los demás. Tampoco pueden alegar ignorancia del atentado que están cometiendo contra los demás. Nada deberá sorprenderles que los jueces actúen sin perder la calma ni restarles el derecho a defenderse, que lo tienen. Como tampoco podrán sorprenderse de que el Estado, y en su nombre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cumplan con su obligación y adopten medidas que casi nadie desea.
