Lo que ‘esconde’ el nuevo plan de vivienda del Gobierno

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El nuevo Plan de Vivienda, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, ha sido recibido con cautela por los expertos inmobiliarios, ya que aunque ven con buenos ojos las ayudas que contempla -tanto para para la compra como para el alquiler– alertan que estas subvenciones pueden no conseguir los objetivos que busca el Gobierno sino todo lo contrario.

Una de las medidas recibida con escepticismo es la ayuda al alquiler a menores de 35 años, que podrán acceder a una subvención de hasta el 50% de la renta. El límite de ingresos para esta ayuda es de 22.558 euros/anuales en 14 pagas -es decir tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)- mientras que renta mensual no podrá superar los 600 metros y en casos excepciones los 900 euros.

¿Y cuál es el problema que los expertos ven a esta ayuda directa? Pues, que suceda lo que ocurrió en el pasado cuando se dieron subvenciones al inquilino, que haya propietarios que decidan subir las rentas a la hora de renovar los contratos, para beneficiarse indirectamente de las ayudas que reciben sus arrendatarios, un riesgo del que advierten portales como Fotocasa, Idealista o pisos.com pero también desde Arrenta Quarto Pilar.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, reconoce que en el sector hay dudas sobre la efectividad real de las ayudas del alquiler, ya que “con estas medidas se corre el riesgo que ese aumento de la capacidad de pago del inquilino se traslade a los precios de los alquileres, provocando el efecto contrario al deseado” y subraya que “en este sentido, contamos con experiencias anteriores que han puesto en evidencia este sobrecoste”

Y en el mismo sentido se pronuncia el jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, quien alerta que el camino elegido para puede no ser “el más eficaz”, ya que las ayudas podrían producir un aumento “artificial” del precio del alquiler en los tramos más bajos de precios.

Además, considera que perjudica “gravemente” a aquellas personas mayores de 35 años que no pueden acogerse a esta ayuda, ya que no contarán con la ‘extra’ del Gobierno y se enfrentarán a una subida de precios provocada por la misma. “Es echar gasolina al fuego y dar dinero a unos inquilinos frente a otros”, apunta.

Además, Según los cálculos del portal inmobiliario, las ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años, con una renta inferior a los 600 euros o 900 euros mensuales en mercados como Madrid o Barcelona, solo afectará al 25% de las viviendas que se ofertan en la actualidad en Madrid (2.684 viviendas) y al 15% en Barcelona (1.368 viviendas).

A juicio del representante de pisos.com, el Gobierno debería haberse decantado por recuperar la desgravación fiscal del alquiler también para el inquilino, ya que permite que todos puedan disfrutar de esta ventaja y que tanto el inquilino como propietario declaren la existencia de un contrato de arrendamiento.

Efecto limitado

En el caso de la compra, el problema es que la medida va a tener un efecto limitado ya que idealista calcula que solo una de cada cuatro casas a la venta en España podría acogerse a esta ayuda.

Según idealista, solo 51.910 viviendas cumplen con estos requisitos, lo que supone un 23,6% del total de viviendas a la venta actualmente en el portal inmobiliario de referencia en España.

Para Fernando Encinar “la medida es original pero no es previsible que tenga efectos más allá de las poblaciones de 5.000 habitantes cercanas a los grandes núcleos urbanos. Incluso podría suponer que muchos jóvenes que ahora viven en ciudades grandes opten por irse a los municipios donde puedan pedir esta ayuda, facilitando la repoblación pero no en las zonas donde el Gobierno quiere actuar sino en aquellos pueblos cercanos a Barcelona, Valencia o Madrid, por ejemplo”.

Este experto también destaca que se echa de menos una intervención en uno de los mayores problemas del sector inmobiliario en España: La ayuda al acceso al crédito de jóvenes que quieren comprarse una casa, pues no han tenido capacidad de ahorro los últimos años debido a la precariedad laboral.

Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa comparte la crítica de que las ayudas tendrán una repercusión limitada ya que se restringen a aquellos jóvenes que compren su vivienda habitual en una localidad de menos de 5.000 habitantes y cuyo precio no supere los 100.000 euros. Haciendo notar que “en el actual contexto de control de la solvencia por parte de las entidades bancarias, muchos de estos jóvenes con ingresos inferiores a 22 tendrán dificultades para acceder a la financiación necesaria para adquirir dicha vivienda”.

Colectivos vulnerables excluidos

UGT, por su parte, aunque valora de forma de manera positiva que el plan aborde las dificultades para acceder a una vivienda de los jóvenes, los mayores de 65 años y las personas en situación de desahucio considera que dichas ayudas deberían hacerse también extensibles a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, población extranjera, familias con todos o parte de sus miembros en situación de desempleo, etc.

Además, el sindicato considera necesario dotar al Plan, aparte de una memoria sobre su impacto económico y presupuestario, de objetivos cuantitativos, desglosados por autonomías, con información regular y periódica, que permitiese conocer el número de actuaciones que en cada Programa presupuestario se pretende alcanzar, el número de ayudas al alquiler que se pretenden conceder en cada anualidad o bien la cifra de viviendas a rehabilitar o a construir, etc. pues de ello dependerá el éxito y alcance de esta norma, especialmente a la hora de valorar su impacto sobre el empleo.

Y también creen necesaria la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación de los objetivos que se desprenden del Plan, con la presencia de los sectores sociales y económicos implicados, junto con los sindicatos y ello tanto a nivel estatal como autonómico.

Finalmente, exigen una mayor coordinación entre las Administraciones Públicas implicadas en el problema: Estado, Comunidades Autónomas “y sobre todo la administración más cercana al ciudadano, los Ayuntamientos conocedores de la realidad social diaria de sus vecinos.”

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