El famoso bufete de abogados ClientEarth, conocido por sus demandas a gobiernos y grandes corporaciones en defensa del medio ambiente, ha iniciado acciones legales contra la Comisión Europea por el nuevo test de emisiones contaminantes para vehículos. Aunque el organismo comunitario asegura que el objetivo de la regulación es evitar un nuevo ‘dieselgate’, los ambientalistas consideran que la propuesta de Bruselas sigue dejando la puerta abierta a un nuevo escándalo debido a la falta de transparencia de las pruebas.
Desde el pasado 1 de septiembre, los nuevos modelos de coches que ruedan sobre las carreteras europeas tienen que superar pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción además de los test en laboratorio, que se han reforzado. De esta forma, los resultados son más fiables, especialmente a la hora de medir las partículas NOx (óxidos de nitrógeno), unas de las más contaminantes y perjudiciales.
Sin embargo, para ClientEarth, liderado por James Thornton, estas reglas no son suficientes, ya que permiten a los fabricantes de coches mantener en secreto la información sobre sus emisiones de cara a los consumidores y a la opinión pública. Solamente está obligados a declarar estas estrategias a los reguladores nacionales, encargados de hacer los controles.
Como apunta ClientEarth, el secretismo es una batalla ganada por los gigantes automovilísticos, que defendían que hacer su información sobre emisiones pública violaría su confidencialidad comercial.
Las normas que entraron en vigor hace poco más de un mes “permiten que esta información siga siendo un secreto entre el fabricante y las mismas autoridades desacreditadas que en el pasado no han investigado sistemáticamente las emisiones excesivas”, aseguran los abogados ambientalistas, haciendo referencia al escándalo de Volkswagen. “Los ciudadanos estarán en la oscuridad sobre las emisiones que tienen efectos significativos en su salud”, añaden.
Para Thornton “el escándalo de Dieselgate nos demostró que no podíamos confiar en estas autoridades nacionales de aprobación para proteger al público”, por eso solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anule la disposición sobre confidencialidad del reglamento. Considera que la normativa está en contra de la legislación de la UE sobre el acceso a la información medioambiental y contra la Convención internacional de Aarhus, cuyo objetivo es garantizar la transparencia y el acceso del público a la justicia en cuestiones medioambientales.
“La contaminación del aire se ha relacionado con la enfermedad cardíaca y pulmonar y puede desencadenar ataques cardíacos y de asma. Con la salud de las personas en juego, no podemos permitir que la industria del automóvil se esconda detrás de esta cortina de humo, debemos tener transparencia”, se despide Thornton en un comunicado.
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