El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha solicitado hoy al Abogado General del Estado, Eugenio López Álvarez, que «curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes» la creación de la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, el órgano creado por la Generalitat para investigar los hechos del 1-O.
Lesmes dice actuar «con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado».
También propondrá de forma inmediata a la Comisión Permanente la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados, ha dirigido una carta al director de los Servicios Jurídicos del Estado al considerar que el decreto de creación de la Comisión supone «una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial».
El presidente del Supremo entiende que “no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes», añade en su escrito el presidente del Poder Judicial, que afirma que «el Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales».
En este sentido, las asociaciones de jueces y fiscales han manifestado esta misma mañana su “rotundo” rechazo a la creación de este órgano para investigar los hechos del 1-O. En su opinión, es un órgano “innecesario”.
El presidente del TS y del CGPJ recuerda que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales siempre que ostente legitimación procesal y material, «pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar».
Estas asociaciones recuerdan que en España “los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley y garantizados por los jueces y fiscales integrantes del Poder Judicial, en cuya función constitucional esa Comisión pretende nítidamente interferir”.
Por su parte Lesmes afirma que “una vez más se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo», concluye Lesmes.
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