En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la exmilitante solicita al juez Arturo Zamarriego que decrete “la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones”.
Se refiere a la de Stampa, sobre una reunión que tuvo con el fiscal en la que se escucha a Díez presentarse como “la persona del PSOE”, y a la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Díez considera que esas grabaciones constituyen una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los afectados, a la protección de datos y al secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones, “por cuanto se realizan subrepticiamente en un ámbito privado”.
El juez tenía previsto reproducir el audio aportado por Stampa antes de escuchar a Díez y Pérez Dolset, por lo que ha acordado que ambos entren a la sala de audiencias para que escuchen la grabación junto a todas las partes –defensas y acusaciones– como paso previo a los interrogatorios.
Zamarriego considera que Díez era la cabecilla de un grupo que buscaba información sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Para el juez, la exmilitante socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol –el tercer investigado– para “recabar información comprometida o irregular” con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según expuso en un auto.
Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información sensible.
En nombre de “altas instancias del Estado”
Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados. La Fiscalía reclamó al instructor que uniera las denuncias al entender necesario investigar los hechos “conjuntamente” porque “el patrón de actuación es exactamente el mismo”.
El fiscal Juan Pablo Nieto indicó en un recurso que es “fundamental” la “singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado”, recoge la citada agencia.
A su entender, es “evidente” que la conexión entre los denunciados –Díez, Pérez Dolset y Rusiñol– trata presuntamente de “manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas”, en referencia a la UCO y Anticorrupción.
“Mano derecha” de Santos Cerdán
Según la grabación aportada por el fiscal Stampa, la principal investigada mantuvo una reunión con él el pasado 7 de mayo en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que Díez se presentó como “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, aseguró.
Díez aseguró que el encuentro era “estrictamente confidencial”. “Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto”, manifestó.
Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, “el presidente ya dijo que se limpie todo”, “sin límite”. “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial”, dijo.
Ambos aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. “Lo sabrán”, garantizó.
