La crisis desatada en Honduras ha sacudido de lleno las bases de la integración política latinoamericana. Las instituciones de la región mantienen todavía un discreto silencio a la espera de que la llegada de Manuel Zelaya al país abra el camino a las negociaciones, algo que, de momento, parece altamente improbable. La OEA, el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) e incluso el Mercosur han dejado al descubierto una ineficacia que además podría agravar la difícil situación financiera por la que atraviesa el país tras el nuevo toque de queda decretado por el presidente de facto Ricardo Martinelli.
Desde el 18 de septiembre, las reservas del Banco Central han caído un 8%, y las autoridades hondureñas estiman en 40 millones de dólares las pérdidas diarias que ha causado un conflicto agravado en los últimos días con el cierre de supermercados y bancos que deben acatar el toque de queda.
A pesar de que instituciones como la OEA u organismos multilateralaes como el Banco Interamericano de Desarrollo han mostrado su preocupación por la situación política en honduras, las acciones concretas para mejorar la situación se han reducido al mínimo.
A esto se ha sumado la decisión del gobierno de Panamá de retirar a Honduras del Parlacen tras el Golpe de Estado. Esta institución es el órgano político del SICA y en él han estado representados, además de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá con 20 diputados cada uno y sus ex presidentes y ex vicepresidentes. También está República Dominicana con 22 representantes.
Costa Rica nunca se unió a este organismo por considerarlo un instrumento inútil y excesivamente caro. Sin embargo, sí es miembro del SICA y del resto de las instituciones centroamericanas. Según cifras oficiales, entre el Parlacen y la CCJ consumen más de 60% de los recursos de la integración.
Ante tanta parálisis diplomática, sólo el presidente Lula da Silva ha logrado alzarse como la voz cantante en medio de la crisis, permitiendo la llegada de Zelaya a la embajada carioca en suelo hondureño.
Precisamente, ha sido Brasil quien ha convencido al Consejo de seguridad de la ONU para que examine la situación en Honduras. Para sustentar su reclamo a la ONU, Brasil adjuntó una nota del gobierno de facto, en la cual el mismo protesta contra el hecho de que Zelaya esté «haciendo llamamientos públicos a la insurrección» desde la legación brasileña.
Con este telón de fondo, y tras las numerosas críticas recibidas, la OEA ultima una misión de su secretario general, José Miguel Insulza, a Honduras, a pesar de la propuesta del gobierno de facto de recibir primero a una delegación encabezada por el presidente costarricense Oscar Arias.
Y mientras, la economía del país sigue paralizada. Los analistas aseguran que la llegada de Zelaya podría provocar una avalancha de ciudadanos en las puertas de los bancos para conseguir divisas en dólares, poniendo en jaque las reservas internacionales del país, que han caído desde mediados de septiembre hasta los 2.230 millones de dólares.
El Consejo Empresarial de Latinoamérica estima que el PIB hondureño asciende a 14.100 millones de dólares, y que desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio se han perdido unos 200 millones de dólares de inversión.
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