El presidente panameño, Ricardo Martinelli, está llevando a cabo una política basada en la ampliación de la recaudación de nuevos impuestos con el fin, según su Gobierno y la campaña electoral que le llevó a la presidencia, de ampliar el gasto social. El empresario está siendo rebatido públicamente por los que antaño eran sus compañeros y competencia, el empresariado.
Según anuncian los estatutos del partido Centro Democrático, al que pertenece Martinelli, este es un partido pluralista, nacionalista y democrático, además de ser de centro liberal y partidario de la unidad nacional. Por otro lado, esos mismos estatutos aseguran que Centro Democrático es partidario de las libertades civiles, la justicia social y el Estado de Derecho.
Las últimas dos semanas, el intento por recaudar más impuestos que irían destinados a gasto social le han llevado a recibir críticas, e incluso presiones, del empresariado panameño. El pasado 25 de agosto, el Gobierno de Martinelli presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de reforma del Código Fiscal. Según anunció el viceministro de Economía, Frank de Lima, los ajustes fiscales buscan ampliar la recaudación tributaria hasta los 2.750 millones de dólares, un 10% más de la cifra actual, y frenar la evasión de impuestos.
El viceministro de Economía aseguró que el proyecto de ley establece ajustes al impuesto de inmuebles y al impuesto a la ganancia de capital por enajenación de inmuebles, además de aumentar la base del impuesto de compras o ITBM (sobre el valor agregado), facilitar la capacidad administrativa del Estado y subir los impuestos al consumo de cigarrillos y a los casinos.
En base a estos ajustes, el Gobierno de Martinelli prevé recaudar 250 millones de dólares adicionales, que vendrían a sumarse a los 2.500 millones de dólares aproximados que las arcas públicas recaudan anualmente en concepto de impuestos tributarios. También se busca equilibrar la distribución de la carga impositiva y eliminar las fugas en el sistema actual, que ofrece muchos resquicios para la evasión.
Preguntado por dicha reforma, el director de la Cámara de Comercio y abogado panameño, Javier Said Acuña consideró que la reforma fiscal que plantea el Gobierno de Ricardo Martinelli, debe contar con la participación de todos los actores sociales. “El sector privado no ha recibido información” aseguró Acuña.
A comienzo de esta semana, los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) suspendieron el paro convocado para este miércoles tras una propuesta de negociación del Gobierno de Martinelli. La crisis responde a la tensión producida por la pretensión del Gobierno de ampliar los impuestos que se aplican al comercio en la ZLC.
El paro iba a ser secundado por más de 2.600 empresas que operan en la Zona Libre de Colón, ubicada a 80 kilómetros de la Ciudad de Panamá en la costa atlántica. Además de las empresas afincadas en la zona, los transportistas que trabajan para ellos también habían confirmado que secundarían el “Día de la Reflexión” en contra de las reformas fiscales.
Según confirmaron fuentes de la Asociación de Usuarios de la ZLC, la paralización de las actividades quedó sin efecto tras recibir la llamada de Ricardo Martinelli. Aunque no ha trascendido la fecha, han acordado iniciar negociaciones para tratar una eventual subida de impuestos. En este momento, según datos del Gobierno, las ganancias de este emporio comercial superan los 1.500 millones de dólares en ventas al extranjero, de las que únicamente se recaudan 62 millones de dólares al año.
El Gobierno proyecta una ley que debe ser votada en la Asamblea Nacional con el fin de incrementar las recaudaciones fiscales en más de 100 millones de dólares en la Zona Libre de Colón. Giovanni Ferrari, presidentes de la Asociación de Usuarios de la ZLC, sostuvo que los empresarios rechazan un aumento de los impuestos con el argumento de que la crisis internacional ha mermado sus ventas en un 30% en lo que va del año.
El miedo entre el empresariado, además que no querer pagar más impuestos por razones obvias, es que Martinelli dedique los nuevos recursos recaudados para alimentar el aparato del Estado. El director de la Cámara de Comercio de Panamá solicitó al Gobierno de Martinelli que se replantee la vieja pretensión del ex presidente Torrijos de reducir el tamaño del mismo. “Se han llevado a cabo otras reformas y el Estado, su burocracia excesiva, no ha sabido gestionar lo recaudado” aseguró.
A la luz de estos hechos, habrá que tener paciencia para observar si, como aseguran los empresarios, los tributos se pierden en alimentar la burocracia del Estado o si, como asegura Martinelli, acabarán revirtiendo en las escalas sociales más bajas. A la luz de los hechos, resulta interesante observar el modo en que la política real encaja con los presupuestos con los que los partidos juegan a participar en unas elecciones.
