El sector agrario argentino, al borde de la insolvencia

Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a tener el respaldo del Congreso argentino. Esta vez el Senado ha aprobado la prórroga de atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo. Los senadores han decidido extender por un año la potestad de fijar las retenciones a las exportaciones agrarias, lo que podría llevar a al sector agrario del país al borde de la insolvencia. Pero no son los únicos con problemas porque las provincias argentinas han advertido al Gobierno que si la situación económica no mejora y no pueden acceder a nuevas fuentes de financiación la bancarrota podría llegar en tan solo unos meses, según han informado fuentes oficiales del Gobierno de Mendoza a Americaeconomica.com.

La extensión de las facultades por otros doce meses ya había sido aprobada en Diputados la semana pasada, y la votación en la Cámara Alta ha dado al proyecto carácter de ley.

Pero el proceso ha estado marcado por las confrontaciones. Los representantes de la oposición han confirmado a Americaeconomica.com que están en contra de otorgar más poderes a la mandataria argentina.

Las facultades del poder Legislativo delegadas al Ejecutivo conforman un paquete de 1.900 leyes y decretos ley sancionados en 1975, que desde 1999 deben ser revisadas y convalidadas por el Congreso cada año.

La más controvertida de las atribuciones es un artículo del Código Aduanero, que permite a la presidenta fijar las retenciones a las exportaciones cuando, en realidad, las normas en materia tributaria deberían ser dictadas por el Congreso, tal como establece la Constitución argentina.

En el marco del sostenido enfrentamiento del gobierno con el sector agrario, este punto resulta polémico. Fue precisamente el aumento de los aranceles a los granos exportados los que hicieron detonar el conflicto, en marzo de 2008.

Los dirigentes agropecuarios reclaman la suspensión de esta atribución. Con ello buscan que las alícuotas a las exportaciones del agro vuelvan a quedar en la órbita de decisión del Congreso.

La crisis financiera internacional ha golpeado con fuerza a la situación fiscal de las provincias argentinas. Fuentes oficiales del Gobierno de la región de Mendoza, con Celso Jaque al frente, han confirmado a Americaeconomica.com que varios gobernadores han enviado a la presidenta Cristina Fernández una propuesta para que elimine la Ley por la que se limita la cantidad de deuda que pueden emitir.

Esta norma, que rige desde 1993, pretende que se mantenga una situación presupuestaria balanceada. Pero según han indicado las fuentes consultadas por este diario no beneficia en nada a la situación económica de las provincias porque pone límites al endeudamiento de las jurisdicciones y trabas para pedir préstamos y crear bonos.

Desde el Gobierno de la provincia de Mendoza han asegurado que la solicitud fue enviada la semana pasada pero hasta el momento no han recibido respuesta por parte del Gobierno central. En total han sido 16 los distritos que, asfixiados financieramente, se han puesto de acuerdo para pedir a Cristina Fernández que modifique esta norma.

Concretamente estas 16 provincias piden que se modifiquen dos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El número 10, que indica que los servicios de la deuda no pueden representar más del 15% de los ingresos corrientes. Y el número 19, que prohíbe cerrar el ejercicio fiscal del año con déficit financiero.

Los gobernadores pretenden con esta petición poder emitir más deuda, y así lograr pagar salarios y cerrar las cuentas provinciales. Los analistas aseguran que alrededor de 20 de las 24 provincias terminarán el año con déficit. La situación de Buenos Aires es probablemente la más delicada, su déficit llegará a alcanzar los 5.000 millones de dólares en 2009.

Mientras, el Gobierno central continúa en su plan para fortalecer las cuentas públicas. Cristina Fernández lanzará en unos días la transacción de los bonos ajustados por inflación y retomará el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acelerar la salida al mercado privado de deuda, que permitiría acceder a tasas de interés razonables en el próximo semestre.

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