El malestar en el sector empresarial de Panamá por el retraso en la firma definitiva del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y el país podría aumentar en las próximas semanas con la irrupción de nuevos obstáculos que entorpecen las negociaciones. Ahora es un informe del Departamento de Estado de EEUU que asegura que Panamá incumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
El informe del Departamento de Estado norteamericano aconseja a Panamá enmendar leyes contra la trata de personas para que se prohíba el trabajo forzoso, incluida la servidumbre doméstica involuntaria, mayores esfuerzos para investigar, enjuiciar, y condenar a los infractores, incluyendo a cualquier funcionario público que sea cómplice.
El presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, sabe que sus primeros objetivos, tras la toma de posesión, será convencer a la comunidad internacional de la necesidad de eliminar al país de la lista de paraísos fiscales y firmar el TLC con EEUU. Sin embargo, el presidente de las Cámaras de Comercio panameñas, Adolfo E. Linares, ha explicado a este diario que son conscientes de que Barack Obama quiere rectificar el documento, no ha querido darle un mayor impulso por su interés de conseguir el apoyo de algunos congresistas republicanos, contrarios al acuerdo comercial, para probar sus proyectos de reforma del sistema sanitario.
Al parecer, algunos congresistas republicanos están presionando para que la Administración Obama considere que Panamá debe adecuar su legislación laboral, a fin de que se establezca en veinte el mínimo de trabajadores para conformar un sindicato. También se plantea una modificación a la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de que se establezca un registro de las acciones al portador.
Linares, el presidente de las Cámaras de Comercio, ha asegurado a este diario que la intención de ciertos congresistas, y del Ejecutivo de EEUU, de querer condicionar la ratificación del tratado a que Panamá acceda a la fuerza a modificar ciertas legislaciones laborales debe ser rechazada por el Gobierno de Panamá.
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