El Gobierno brasileño de Lula da Silva recortará el impuesto de la renta en un 75% a aquellos consorcios empresariales que participen en la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en el Amazonas. Con esta medida, Lula pretende acrecentar el interés de las empresas para que participen en el proyecto. La hidroeléctrica, que será la tercera más grande del mundo, sólo superada por la de las Tres Gargantas en China y la de Itaipú entre Brasil y Paraguay, tendrá una capacidad de 11.233 megavatios y necesitará una inversión de 12.600 millones de euros. Las autoridades estiman que su construcción generará 18.000 empleos directos.
Los portavoces del Ministerio de Energía han asegurado que “con esto, la incertidumbre de los inversionistas sobre los beneficios tributarios desaparecerá y el atractivo de las inversiones en infraestructuras aumentará”.
El Gobierno ha adjudicado el contrato de construcción al consorcio, de empresas públicas y privadas, Norte Energía, integrado por una subsidiaria de la empresa estatal Eletrobras y ocho firmas privadas.
Lula da Silva ha convertido la construcción de la hidroeléctrica en uno de sus grandes retos para dejar en marcha antes de abandonar la presidencia del país. Sin embargo, el mandatario lo ha tenido complicado, ya que un tribunal regional de Pará intentó dos veces impedir la concesión de la obra.
El proyecto no es bien vista por todos los brasileños. Grupos de ecologistas ya se han movilizado para mostrar su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica. Consideran que el proyecto inundaría una superficie de 500 kilómetros cuadrados de selva y desplazaría a unos 50.000 indios y campesinos que viven en la zona donde será construido el embalse.
El Gobierno justifica la construcción de Belo Monte alegando que Brasil es un país que está en continúo crecimiento y que, por lo tanto, necesitará más energía de la que consume en la actualidad.
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