Desde la Federación Minera, Felipe Vargas, recuerda que aunque el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, haya manifestado su aprobación a la iniciativa y la haya justificado considerando que dichos fondos servirán para modernizar la institución militar, el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha mostrado su rechazo total a la iniciativa.
El proyecto de ley no ha sido bien recibido tanto en la oposición como en las propias filas del gobierno. Muchos congresistas del partido gobernante Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) han mostrado su descontento, opinan que el objetivo principal de los ingresos mineros debería servir para aliviar las condiciones de pobreza en las que viven los pueblos donde se encuentra la industria minera. El opositor Partido Nacionalista y los gobiernos regionales afectados, consideran que el canon no se debe usar para financiar los ejércitos, habría que buscar nuevos tributos para este fin.
El 5% del canon minero que se pretende destinar a las FFAA equivale a 224 millones de euros, los cuales se destinarán al mantenimiento y recuperación de los sistemas de armas, proyectos de inversión, operaciones y entrenamientos.
El proyecto de ley ha sido presentado por el congresista y vicepresidente del Gobierno peruano, Luis Giampietri, hombre muy ligado a las FFAA, ya que es vicealmirante retirado. Giampietri considera que el presupuesto destinado a Defensa es insuficiente, puesto que sólo representa el 1,05% del Producto Interior Bruto (PIB)
Muchos analistas ven en la actitud del Gobierno peruano una respuesta al desenfrenado rearme de Chile, el segundo país con mayor gasto militar de Latinoamérica. El presupuesto que Chile dedica a sus ejércitos ronda los 4.000 millones de euros, mientras que Perú sólo dedica unos 1.100 millones de euros.
Otras fuentes del sector consideran que aprobar esta iniciativa avivaría una especie de respuesta al armamentismo de Chile. Considera que han de pasar muchos años para que su país pueda alcanzar a Chile en el campo armamentístico. Aseguran que la seguridad del país es importante, pero que Perú tiene problemas más graves que necesitan una solución inmediata. El gobierno peruano debe centrar todos los esfuerzos y todos los posibles recursos a solucionar los problemas sociales y laborales que azotan el país.
El proyecto de ley de Giampietri es bastante similar a un sistema implantado en Chile en la época de Augusto Pinochet, que destina el 10% de los excedentes de Codelco, productora de cobre, a la compra de armas. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, en el 2006 mandó un proyecto para derogar dicha ley, pero hasta ahora no ha sido sometido ni a discusión.
El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales del total de los ingresos obtenidos por el Estado peruano de la explotación de sus recursos naturales. Las empresas mineras destinan el 30% de sus ganancias a impuestos, un 15% se destina al tesoro Público, y el otro 15% se dedica en exclusiva al canon minero. De este último 15% se quiere extraer el 5% que iría a parar a las Fuerzas Armadas.
El canon minero se ha destinado siempre a los gobiernos regionales y locales, es un presupuesto que sólo puede ser utilizado para financiar o co-financiar proyectos u obras de impacto regional o local.
El canon minero, debido al enorme volumen de recursos que genera, es el más importante de los seis tipos de canon existentes: minero, petrolero, gasífero, hidroenérgetico, forestal y pesquero.
