El Gobierno de Alan García podría poner en peligro el avanzado proceso de integración de la Bolsa de Perú con la de Chile y Colombia, si finalmente sale adelante su propuesta para imponer un impuesto del 30% a las ganancias de capitales en el país. Fuentes del parqué bursátil de Lima han asegurado a Americaeconomica.com que el proyecto de ley, que entraría en vigor en 2010, supone un paso atrás en competitividad respecto a los otros dos mercados regionales, que no gravan este tipo de operaciones.
En un comunicado remitido a este diario, el presidente de la entidad, Roberto Hoyle, asegura que esta falta de competitividad que se generaría no sólo pondría en riesgo un proyecto de integración regional, sino que además “atentaría contra el segmento de capital de riesgo que la Bolsa de Valores ha venido impulsando con bastante éxito, así como la negociación de valores de empresas peruanas emblemáticas emitidas en el exterior y el propio ETF recientemente lanzado en la Bolsa de Nueva York”.
El índice general de la Bolsa de Lima registra una rentabilidad del 106% este año, ocupando el cuarto puesto en el ranking bursátil mundial. Sin embargo, lo que no se dice es que a tan sólo un mes para terminar el año se ha negociado un 33% respecto al volumen que se transó en 1997, año en el que se produjo la crisis financiera asiática.
Según las estadísticas de la Bolsa local, aquel año el promedio diario de negociación fue de 46 millones de dólares, mientras que en 2009 no ha superado los 17 millones de dólares. Y la cifra podría bajar si finalmente se impone este elevado impuesto. En España, por ejemplo, es del 18% actualmente.
Pero la recaudación tributaria se vuelto un punto central en la política económica del Ejecutivo de Alan García, que ha visto como los ingresos por impuestos han caído un 16% hasta los 14.880 millones de dólares hasta octubre, sobre todo por la caída de los beneficios del sector minero.
Otro de los principales problemas que han observado los expertos en el proyecto de ley es que el 30% con el que se gravará a los inversores locales, se reducirá a un 5% en el caso de las personas jurídicas extranjeras.
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