La plataforma ha dado a conocer un decálogo de “ataques” de la Comunidad de Madrid a los centros, que se enfocan sobre todo en la financiación, ya que aseguran que el Gobierno regional “se desresponsabiliza del 30% de la financiación y sólo aportará el 70%”. Consideran que la financiación por objetivos “ataca a la educación e investigación públicas”, se tiene “mayor dependencia” económica estructural del capital privado y conlleva “más encarecimiento de tasas”, recoge Europa Press.
Critica también la “deriva hacia un modelo empresarial” de la universidad pública, con “laxitud para reconocer chiringuitos que se lucren con la educación superior”, y con una mayor “privatización de la educación superior en Madrid”. A ello, los universitarios y trabajadores de esta organización añaden el “parasitismo de las privadas sobre la universidad pública” y la “sobrecarga burocrática creciente”.
De la misma forma, han valorado que con la nueva ley universitaria de la región se “promociona el individualismo” y se profundiza en las “desigualdades laborales y la precariedad”. Entre los motivos para ir a la huelga, también destacan una “mercantilización de la educación y la formación” y avisan del cierre de líneas de investigación que sean “menos rentables” para el mercado.
Asimismo, según la citada agencia, creen que se “mercantiliza” el conocimiento con “mayor control de capital privado” y han reprochado una mayor “injerencia” de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria con una “mordaza universitaria contra las libertades estudiantiles” y sanciones de “hasta 300.000 euros por infracciones como ‘faltas de respeto’, ‘falta de decor’ o ‘colocar pancartas’”.
Ante esta situación, desde la plataforma exigen un aumento de inversión por estudiante en los centros públicas, la “reversión de la privatización”, independencia de los centros, políticas “de confianza frente a la burocratización”, con el fin de “los contratos precarios y del chantaje constante”, así como más “seguridad, estabilidad y dignidad laboral”.
A ello, añaden la importancia de garantizar la libertad académica en la producción de conocimiento, la “garantía de libertades y derechos de reivindicación sindical y estudiantil” y la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
Sobre ello, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, valoró la semana pasada que la huelga convocada por estudiantes y trabajadores en las universidades de la región no se debe a una “ausencia de presupuestos”, sino que será por motivos “de otra índole”, y reivindicó el aumento de cara al año que viene de un 6,5%.
“Se ha incrementado la inversión para las universidades públicas en 75 millones de euros, es un crecimiento superior al 6,5% y que se suma al que se ha producido en los últimos años. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se está destinando a universidades públicas más de un 20% más, tenemos 1.200 millones de euros”, defendió consejero en declaraciones a los medios de comunicación.
La Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5% y récord histórico de inversión, tal y como recoge el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2026.
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