Antena de telecomunicaciones
La directora de Regulación de DigitalEs, Cristina Sánchez, ha destacado en una intervención en el Spain Digital Day organizado por el Gobierno la «sorpresa y disgusto» causados a raíz del Anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, que mantiene el pago de la tasa.
«Este sector ha asumido una serie de obligaciones con arreglo a unos compromisos que estaban recogidos en una hoja de ruta y en la que apoyándose asumieron. Si esa hoja de ruta no se cumple, los compromisos que se tomaron van a peligrar o pueden peligrar», ha advertido la representante de la patronal de las telecomunicaciones.
Las operadoras han reivindicado durante años dejar de pagar una tasa que no está ligada a sus beneficios y que se introdujo cuando RTVE dejó de tener publicidad.
El coste anual para las empresas será de 130 millones de euros y los pagos aportados al ente ascienden a más de 1.500 millones de euros en total, mientras que las contribuciones de los operadores suponen más del 65% de las aportaciones realizadas a RTVE, según han trasladado a Europa Press en fuentes del sector.
El Gobierno había anunciado que los operadores dejarían de pagar esta tasa, y que otras empresas, como Netflix, Amazon o HBO, contribuirían al ente público.
Este segundo extremo, que se pondría en marcha en 2023, sí que continúa incluido en la ley, que cargará una tasa a «los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al territorio nacional».
Esta medida estaba contemplada en la hoja de ruta de despliegue del 5G, cuyas inversiones comenzarán a ejecutarse en 2022, mientras que los estímulos al despliegue (la eliminación de la tasa) no llegarían hasta 2023.
Asimismo, DigitalEs ha mencionado en su Twitter la «preocupación» del sector y la necesidad de unas mismas reglas para todos los actores digitales, incluidas las grandes plataformas de vídeo.
La polémica llega poco después de que las grandes empresas de telecomunicaciones hayan remitido un comunicado a la Unión Europea en el que reclaman igualar la regulación para su sector y las grandes tecnológicas incluyendo un pago por el uso de las redes por parte de los segundos.
Asimismo, la erosión en los márgenes ha impulsado la puesta en marcha de reducciones de plantilla en las tres principales empresas del sector (Telefónica, Orange y Vodafone) en un momento en que el despliegue de 5G y fibra supondrá una inversión que se cifra en varios miles de millones de euros.
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