Las empresas de más de 500 empleados estarán obligadas a acompañar sus cuentas anuales con información no financiera relativa a sus políticas medioambientales y a las medidas llevadas a cabo para evitar la corrupción en el seno de la compañía. Así lo recoge el anteproyecto de ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para transponer una directiva europea.
En concreto, la normativa comunitaria exige a grandes empresas y determinados grupos empresariales facilitar información detallada respecto al impacto que su actividad tendrá en la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo da agua y el medio ambiente en general, así como los efectos en la salud y la seguridad o el uso de la energía.
Respecto a la corrupción, el informe deberá incluir una explicación de las medidas de las políticas de prevención que se llevan a cabo.
Además, el anteproyecto aumenta la exigencia de información en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas. Deberán dar a conocer las políticas de diversidad en su consejo de administración, en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional, según apunta Europa Press. Al respecto, las grandes compañías también tendrán que divulgar sus políticas para el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
Según explica el Gobierno, la publicación de estas informaciones permitirá “identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad”.
