Imagen de un surtidor de combustible.
En un comunicado, las patronales afirman que a día de hoy no hay respuesta por parte del Ministerio de Hacienda “sobre cuándo se van a poder cobrar” las cantidades adelantadas por los empresarios del sector, lo que está causando graves perjuicios a las empresas, sea cual sea su tamaño, pero con especial incidencia en las pequeñas, “que están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente”.
Así, las dos asociaciones empresariales más representativas del sector de las estaciones de servicio manifiestan “su malestar por la falta de sensibilidad de la Administración”, que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector en las diferentes reuniones con los interlocutores designados por el Ministerio de Hacienda.
De esta manera, recoge Europa Press, acusan a la Administración de desconocer cuál es el verdadero alcance de la medida, cuyo fondo comparte “por ser beneficiosa para los consumidores”, pero que “está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución”.
En este sentido, considera que la falta de desarrollo del Real Decreto-ley 6/2022 provoca que en cada comunidad autónoma se actúe de manera diferente, lo que ha creado “una situación que puede definirse como de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica”.
Además, Aevecar y CEEES “rechazan rotundamente” las declaraciones de algunos miembros del Gobierno que acusan a los operadores de estar subiendo los precios de manera artificial para quedarse con los 20 céntimos de subvención.
“Estas manifestaciones crean una situación de malestar y proyectan la sombra de la sospecha sobre todo un colectivo que actúa como colaborador obligatorio de la Administración en la aplicación del Real Decreto-ley 6/2022”, advierten.
Por ello, exigen “respeto” para los empresarios de un sector que se han visto obligados a pedir créditos para poder adelantar la bonificación, hacer frente a gastos informáticos para adecuar la emisión de las facturas y asumir los gastos de personal extra necesario para cubrir la demanda creada. “Tanto la actitud como las declaraciones de algunos altos representantes de la Administración causan un daño muy grave a un sector estratégico para la economía española”, subrayan.
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