Las familias de personas con discapacidad intelectual sufren más la precariedad que la media

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, la entidad llamó la atención sobre la situación que viven miles de estas familias en España para dar visibilidad a este problema.

En el ‘Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2023’, la Red Europea para la Erradicación de la Pobreza en el Estado Español (EAPN.ES) alertó de que el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 22,7% de la población sin discapacidad.

Esta tasa es aún mayor para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, debido a las barreras adicionales a «las que se enfrentan», apuntó Plena inclusión.

A su juicio, la baja inserción laboral se ha convertido en uno de los factores clave que perpetúan esta precariedad. Según el INE, solo el 23,8% de las personas con discapacidad intelectual tienen empleo, 44,8 puntos por debajo del resto de la población. La tasa de actividad de este colectivo alcanza apenas el 35%, prosiguió, lo que refuerza la necesidad urgente de medidas que faciliten su acceso igualitario al mundo laboral.

A esta falta de oportunidades laborales se suma el sobrecoste familiar, un fenómeno que refleja el impacto económico que supone el apoyo constante a las personas con discapacidad intelectual. Según un estudio de Plena inclusión, este sobrecoste asciende a una media de 27.000 euros anuales por familia.

Por si esto fuera poco, los efectos colaterales de la Ley 8/2021 (modificación legislativa sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual) pueden dejar a estas personas y a sus familias en una situación aún más precaria debido a la pérdida de prestaciones y beneficios fiscales, alertó. En su opinión, «es inadmisible que miles de familias que ya enfrentan el desafío de cuidar y apoyar a personas con discapacidad intelectual se vean abocadas a la pobreza por la falta de apoyos públicos».

Enrique Galván, director de Plena inclusión, pidió al Gobierno «medidas urgentes para garantizar recursos suficientes que faciliten el acceso a la plena ciudadanía de estas personas». Entre otras, reclamó un acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las familias con personas con discapacidad a su cargo; la compatibilidad de esta ayuda con la prestación por hijo a cargo en el caso de vástagos con discapacidad; el aumento a 170 euros mensuales por hijo menor y hasta 570,2 euros para hijos con más de un 65% de discapacidad.

La falta de apoyos también se refleja en el acceso al sistema educativo, a prestaciones sociales y ayudas, agregó. Por ello, Plena inclusión instó a las administraciones públicas a priorizar estas necesidades y garantizar un acceso igualitario y digno para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

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