Las ‘facturas’ por los rescates de CAM y Unnim alejan a España de los objetivos de déficit

La materialización de los pagos de los esquemas de protección de activos (EPA) asumidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suponen un “fuerte incremento de gasto en 2018”, según el ‘Informe de Cumplimiento esperado de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2018 de las Administraciones Públicas’ que ha publicado hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En concreto, en febrero de 2018 se produjo un pago por la EPA de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de 1.429 millones de euros, casi el doble del año anterior y se espera un pago por la EPA de Unnim de 320 millones de euros, también superior al de 2017 que se deduce del análisis de las cuentas del Fondo de Garantía de Depósitos.

En el caso de la CAM, absorbida por el Sabadell, el FGD concedió un EPA por el cual asumiría, durante el plazo de diez años a partir de 31 de julio de 2011, el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos predeterminada de un importe de 24.644,3 millones de euros, con provisiones constituidas por 3.882,2 millones, una vez absorbidas dichas provisiones.

Muy similar fue el mecanismo en Unnim, absorbida por el BBVA: el fondo que garantiza los depósitos de todos los españoles asumirá durante un período de diez años (a partir del 31 de octubre de 2011), el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos predeterminada de un importe de 7.359,7 millones, con provisiones constituidas por 1.330,3 millones, una vez absorbidas dichas provisiones.

La ‘factura’ de los rescates de estas cajas es una de las razones por las que la AIReF considera “improbable” cumplir el objetivo del déficit público del 2,2% del PIB que mantenía el anterior Gobierno, y apuesta por un desvío de cinco décimas hasta el 2,7%, que coincide con el acordado por el nuevo Ejecutivo con Bruselas.

Esta desviación se concentra principalmente en la Administración Central y en los Fondos de Seguridad Social, que cerrarían el año con un déficit del 1,5% en ambos casos. En el caso de la administración central, la desviación se produce principalmente en los gastos por el incremento de los pagos a cargo del FDG, la incidencia de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración por las autopistas de peaje y las medidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado relativas a la subida de salarios públicos y la nueva transferencia para financiar la Seguridad Social.

Por otro lado, en los Fondos de Seguridad Social las medidas de revalorización de las pensiones suponen una aceleración del crecimiento de los gastos, que no puede ser compensada con la buena marcha de las cotizaciones.

Estas desviaciones no pueden ser absorbidas por el margen producido en las Administraciones Territoriales, donde las comunidades autónomas pueden cerrar con un déficit del 0,3% del PIB, una décima por debajo de su objetivo, aunque por encima del notificado, y las corporaciones locales podrían mantener el superávit de los ejercicios anteriores del 0,6% del PIB.

El nuevo Gobierno ya ha anunciado públicamente la imposibilidad de alcanzar en 2018 el objetivo de déficit del 2,2% del PIB, situando su previsión de cierre para el total de las administraciones públicas en el 2,7% señalado como escenario central por la AIReF.

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