Las empresas más beneficiadas por la contratación ‘a dedo’ de Cifuentes

Los datos extraídos por IU sobre la contratación menor de la Comunidad de Madrid reflejan que la administración de Cristina Cifuentes abusó de la contratación menor, que se adjudica directamente, sin publicidad ni concurrencia, a la empresa que presta el servicio o vende el bien que necesita cada consejería. Desde mitad de 2015 al cierre de 2017, firmó más de 1,2 millones de expedientes menores por un valor cercano a los 2.000 millones de euros, el 15% de lo que la región gastó en su contratación total.

Las grandes beneficiadas acumularon miles y miles de contratos y la mayoría de ellos se dedicaron a sanidad, que vehiculó el gasto de 1.790 millones de euros en contratos menores. La farmacéutica Medtronic Ibérica recibió por esta vía, que debe usarse en casos excepcionales, 34.560 contratos por valor de más de 73 millones de euros.

La siguiente con más facturación por este mecanismo, cuyo abuso IU entiende como posible ilegalidad por troceo de contratos y opacidad administrativa, es Gilead, farmacéutica conocida por comerciarcializar el tratamiento para la hepatitis C. Recibió más de 67 millones de euros en contratos de hasta 15.000 euros (el límite de los epedientes menores para obras sube hasta los 50.000 euros).

Le sigue Novartis, con adjudicaciones de 58,8 millones de euros en contratos menores desde junio de 2015 hasta finales de 2017, prácticamente todo el mandato de la expresidenta popular, que coincidió con la fecha en que las administraciones debían comenzar a publicar esta información. La farmacéutica recibió esas adjudicaciones mediante más de 15.000 contratos menores en ese lapso de tiempo.

Sanidad Merck-sharp, laboratorios Roche y Janssen Cilag son las siguientes tres empresas con mayor volumen de contratación antes de Johnson & Johnson que, pese a quedarse en contratos por valor de 40 millones de euros, marca récord por el número de expedientes: más de 49.000 en dos años y medio.

El actual vicepresidente y portavo de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, salió ayer en defensa de la contratación menor de la región alegando que los expedientes entregados a la industria farmacéutica se explican porque comprar en “grandes volúmenes de compra” podría provocar que los medicamentos quedaran “en desuso”. Es decir, existe una “limitación de espacio y por la caducidad de los fármacos”.

Pero los datos muestran ‘micro compras’ de productos que, a priori, no caducan, como material quirúrgico básico, guantes, mobiliario, vestuario y un larguísimo etcétera hasta superar 1,2 millones de contratos desde el verano de 2015.

“Hay indicios de que los contratos menores son usados para incurrir en fraccionamiento cuando una contratación de importe elevado que acorde a la ley tendría que regirse por una licitación abierta, se desguaza y se convierte en varios contratos con importes más reducidos, logrando así evitar la competencia con otras empresas”, explica IU, la formación que ha extraído los datos mediante un complej proceso que requiere conocimientos avanzados de programación.

Y no son solo las empresas: «Es especialmente llamativa la acumulación de contratos menores de personas físicas llegando a acumular, la misma, hasta 2.951 menores por importe de más de 673.000 euros».

El partido recuerda que esta técnica está prohibida y que la nueva legislación de contratos públicos, de enero de 2018, se ha endurecido para evitar precisamente el fraccionamiento. Las cifras de la contratación menor, publicada de forma opaca, evidencian que se firman miles de contratos a la semana, a veces incluso el mismo día y con las mismas empresas. El periodo incluye alrededor de 900 días, lo que significa que cada jornada, la Comunidad de Madrid firmó una media de 1.300 contratos sin publicidad ni concurrencia, en su mayoría para recursos sanitarios.

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