Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumbaba las elecciones celebradas hace ahora tres años en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra. Según sostiene, hay que volver a votar. Un duro golpe tanto para este colegio, como para el Consejo General que preside Jesús Aguilar, que tomó partido por la vencedora en los comicios ahora anulados, obviando la independencia de este organismo.
Para entender la polémica hay que remontarse a finales de 2017, cuando la presidenta del colegio pontevedrés, Alba Soutelo, convocaba elecciones, en las que salió victoriosa. Además de su candidatura, se presentaban otras dos: la de José Luis Abril y Gerardo Santamarta. Las disputas no tardaron en aparecer. ¿El motivo? El voto por correo.
Desde la lista de Santamarta se llevó ante a los tribunales esta cuestión. En concreto, el papel jugado por la cooperativa de farmacéuticos Cofano en la recogida de estos votos. Al frente de ella, en ese momento estaba Juan del Río (precisamente, este último se convertirá en vocal de distribución en el Consejo General al ser el único que se presenta). Un juzgado de primera instancia dio la razón a Santamarta, decisión que recurrió sin éxito el Consejo General de Jesús Aguilar.
Antes de abrir la vía judicial, detallan fuentes conocedoras del proceso electoral, Santamarta y los suyos trasladaron sus reclamaciones al Consejo General, que también falló en contra. No las tuvo en cuenta.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia ha visto acreditado, al igual que la sentencia de primera instancia, “que terceros transportasen en mano y depositasen presencialmente en las sedes colegiales, sobres del voto por correo con base en unas instrucciones carentes de rango normativo y de aprobación oficial por el Colegio, vulnerando las reglas del ‘fair play’ electoral”.
Ratifica también que “parte de esos dobles sobres ha sido transportada y entregada por cuenta de la cooperativa de farmacéuticos Cofano y no por el servicio postal de Correos ni por entidades de mensajería equivalentes”. Y es que, esta cooperativa no está inscrita para este servicio. No cumplía los requisitos necesarios para ello.
“El servicio postal universal solo puede prestarlo Correos. El no universal requiere de previa comunicación e inscripción en el Registro de empresas prestadoras de servicios postales”, recuerda el tribunal, que incide en que “las empresas utilizadas no constan inscritas”. “Y no se puede considerar transparente ni conforme a las normas que rigen las garantías del proceso electoral, que se utilice una empresa, que no cumple los requisitos legales para prestar este tipo de servicio, y cuyos gerentes se presentan a las elecciones”, incide.
Por esto, tumbaba los recursos interpuestos y obligaba a repetir las elecciones en el plazo máximo de dos meses. Algo ante lo que la presidenta del Colegio de Pontevedra, la mencionada Soutelo, anunciaba que la cita sería el próximo 6 de junio.
La anulación de las elecciones del Colegio de Pontevedra deja una importante duda en el aire. Y es que, si se deben repetir las elecciones, ¿Soutelo puede o no votar en los comicios al Consejo General del día 5? En esta cita pueden participar los presidentes y presidentas de los colegios oficiales de España. No obstante, se tumbaron los resultados de 2018, por lo que legalmente no es la presidenta y no podría votar.
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