La crisis socioeconómica del Covid-19 va acrecentar las desigualdades en España. Esta pandemia no ha afectado, ni afectará, a todos por igual. Así lo advierte Oxfam Intermón en un informe en el que pronostica que el número de pobres aumentará en más de 700.000 personas, hasta llegar a los 10,8 millones. O lo que es lo mismo, pasará del 21,5% antes del coronavirus al 23,1% teniendo en cuenta una estimación de caída del PIB del 9% y una subida del desempleo hasta el 19%.
No obstante, esta ONG incide en este informe titulado ‘Una reconstrucción justa y necesaria es posible’ en que la situación podría ser aún peor, “pues la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza”. “Considerando constante el umbral de pobreza, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26% (más de 12,3 millones de personas)”, afirma. Y todo esto, mientras que los milmillonarios siguen llenando sus bolsillos.
Según datos de Oxfam, los 23 milmillonarios españoles de la lista Forbes han visto incrementar el valor de su riqueza en algo más de 19.200 millones de euros a lo largo de los 79 días transcurridos entre el 18 de marzo y el 4 de junio, mientras estaba vigente el estado de alarma. “Una realidad que contrasta con la de miles de familias que enfrentan un futuro incierto con muy pocos recursos”, destaca esta organización, que detalla las comunidades que se verán más afectadas por esta pandemia.
En términos de incremento de la pobreza relativa, el aumento más importante se produciría en Baleares, con una subida superior al 11% del porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, seguido de Castilla y León. Por su parte, en términos absolutos, destaca Andalucía, con 201.000 personas más por debajo de la línea de pobreza. Además, el impacto de la caída del PIB en la renta neta disponible per cápita será más acusado en Extremadura, Canarias y Andalucía, y menos en las comunidades autónomas “más ricas”, como son País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid.
Si miramos a los sectores laborales, Oxfam recuerda que en apenas 22 días 900.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social por la paralización de la actividad económica. Y esto golpeó con dureza a la construcción o la hostelería, donde el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación. Precisamente, dice esta organización, de cada 10 personas que reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y casi la mitad (46,27%) de los contratos firmados por mujeres el año pasado fueron contratos parciales.
“Tenemos que garantizar los derechos de quienes han garantizado nuestra supervivencia, personas que han resultado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas”. Así lo reclama esta ONG, que incide en que muchas de estas personas son migrantes, “como las trabajadoras que han cuidado de nuestras ancianas y ancianos”. También explica que “una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una cuarta parte está registrada en la Seguridad Social”.
Ante este escenario, plantea una recuperación basada en una “fiscalidad progresiva”, que permitiría recaudar 10.000 millones de euros más para blindar el sector público con el fin de garantizar la salud, la educación y la protección social. Además, propone medidas para paliar la precariedad laboral que afecta especialmente a trabajadoras y trabajadores que en esta pandemia han sido esenciales.
Todo esto pasaría por llevar a cabo “reformas estructurales que den mayor peso a sectores de más valor añadido, hasta procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación”. Asimismo, tambien sería clave aumentar la inversión pública en el sector de los cuidados como residencias de personas mayores.
Respecto a impuestos, Oxfam defiende un gravamen temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras “más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso” y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable. Una reforma del impuesto al patrimonio “para que cumpla su función redistributiva”, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF o eliminar “ciertos ajustes extracontables” para aumentar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, para que sea de al menos el 15% por parte de las grandes empresas, son otras de sus propuestas en este sentido.
