La creciente preocupación por el efecto de los alquileres turísticos en la calidad de vida de los barrios y en el acceso a la vivienda ha llevado al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Horizontal. Esta modificación, impulsada por el Ministerio de Vivienda, concede a los vecinos un papel decisivo para permitir o vetar la instalación de nuevos alojamientos turísticos en sus edificios, sin necesidad de modificar los estatutos. La norma entrará en vigor este jueves 3 de abril.
Poder de decisión vecinal sobre los pisos turísticos
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal permite por primera vez que las comunidades de propietarios puedan votar en junta si aceptan o no la instalación de nuevos pisos turísticos en sus inmuebles. Esta decisión requerirá una mayoría cualificada: el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios que, además, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Hasta ahora, el marco legal dificultaba la restricción de estos usos, al exigir cambios en el título constitutivo del edificio o en los estatutos, lo que implicaba procesos complejos y unanimidades difíciles de alcanzar. La nueva normativa elimina esa barrera.
La ministra Isabel Rodríguez ha defendido que el objetivo es “empoderar a los vecinos” y facilitar el control vecinal sobre un fenómeno que ha generado conflictos de convivencia, encarecimiento del alquiler y pérdida de identidad en muchos barrios
Ventanilla Única para controlar el alquiler turístico
Esta reforma legal va de la mano de la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma que centralizará el registro obligatorio de todas las viviendas destinadas al alquiler de corta duración, ya sean turísticas o temporales.
Este sistema, aprobado por Real Decreto en 2024, obliga a los arrendadores a obtener un número de registro oficial antes de publicitar sus viviendas en plataformas online. La medida busca luchar contra el fraude en el alquiler turístico y garantizar que estas viviendas cumplen la legalidad vigente.
Aunque la plataforma entrará plenamente en funcionamiento en julio de 2025, desde el pasado 2 de enero ya es posible solicitar el registro. En estos primeros tres meses, se han tramitado 18.104 solicitudes en toda España:
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8.787 han sido aprobadas (49%)
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7.393 están en evaluación (41%)
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1.924 han sido revocadas (11%)
Una respuesta legal a una problemática urbana
La modificación normativa responde al clamor de numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, que han demandado herramientas legales para regular el crecimiento de los pisos turísticos y preservar el equilibrio en sus barrios. La falta de regulación clara había generado una situación de descontrol, con consecuencias en el acceso a la vivienda habitual y la expulsión de residentes de zonas céntricas.
La nueva normativa se perfila como un instrumento clave para que los propios vecinos decidan qué modelo de convivencia desean en sus edificios.
