Según los datos de la Fundación, la salida de las ‘colas del hambre’ se ha debido principalmente gracias a empleos en el sector servicios (52%), a la recuperación del personal de los ERTE (29%) y a la contratación en otros sectores (19%).
Si bien, apunta que las que quedan en estas colas para pedir ayuda son familias que no reciben ningún ingreso (en un 62% de los casos), a las que se les acabó la prestación o a las que no se les ha concedido el Ingreso Mínimo Vital. También hay familias en el «limbo legal», pendientes de regularización e inmigrantes sin papeles, según precisa.
Además, la fundación advierte de que la crisis económica ha creado «familias zombis» con hijos, sin recursos, sin ayudas y que ya no pueden pagar el transporte ni el teléfono.
Así, alerta de que las familias vulnerables que viven en las grandes urbes actualmente, presentan pobreza energética, pobreza sanitaria, pobreza de transporte, y pobreza de vivienda «con una quiebra familiar por endeudamiento de 350 euros al mes acumulándose».
En concreto, puntualiza que esto se debe el alto coste de la vivienda (que supone el 52% del gasto de estas familias), el coste energético (16%) y el precio del transporte (8%).
En muchas ocasiones, según avisa la Fundación, ni siquiera pueden ya acudir a las ‘colas del hambre’ porque «carecen de ingresos para pagar el transporte público» o «para hacer llamadas de auxilio».
Según señala, hay familias españolas a las que se les ha acabado la prestación por desempleo, y que pasan a subsidio familiar con ingresos de 451,92 euros, con lo que no pueden sobrevivir al no cubrir el alquiler medio de 784 euros.
Para la Fundación Madrina, las ayudas administrativas son «insuficientes en un 50%» a la ayuda real que exigiría una familia en esta situación de vulnerabilidad. Por ello, propone una serie de medidas.
En concreto, solicitan: crear vivienda social y reducir a la mitad los gastos de vivienda, que supone «el 52% del gasto» de estas familias; transporte gratuito; eliminar o bajar los gastos energéticos de gas y luz para familias vulnerables, especialmente con hijos a cargo; crear una tarjeta de compra de alimentos en grandes superficies de hasta 300 euros, y que el Estado asuma la deuda de estas familias.
