Estas autonomías, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un manifiesto difundido por el PP en el que dejan claro que “no toleramos la amenaza y el chantaje” por parte de la ministra y acusan al Ejecutivo central de imponer sus “fracasadas e inoperantes” políticas de vivienda.
En dicho documento, estas comunidades gobernadas por los populares remarcan que el Estado “tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”. “No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal (empezando por el art. 31.2 de la Constitución y de otras leyes que desarrollan este principio), y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios”, defienden.
El PP responde así a la amenaza lanzada hace unos días por la propia Isabel Rodríguez a aquellos Gobiernos regionales “insumisos” con no recibir fondos si no aplican la ley de vivienda.
Ante esto, exponen en el manifiesto, las comunidades firmantes dan cuenta de su “rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles”.
“Rechazamos igualmente el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta”, destacan.
No a intervenir los precios del alquiler
Asimismo, las comunidades del PP reiteran que su negativa a declarar en sus territorios zonas de mercado tensionado y, por tanto, rechazan intervenir los precios de los alquileres. En su opinión, “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios”.
Ante todo esto, “no toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos”.
Dicho esto, reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es acuciante para una mayoría de la población, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular”.
Además, proponen que “la acción política” de todos los representantes públicos en esta materia “esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas”. “Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica”, aseguran, “deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda.
Previamente, las CCAA del PP culpan al Gobierno de Sánchez de que durante sus seis años en La Moncloa a vivienda haya pasado de ser “el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo”. Con este Ejecutivo, inciden, “los alquileres se han vuelto prohibitivos” y “ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad”.
