Las autoridades europeas rechazan publicar el informe en el que se basó la liquidación del Popular

El grupo chileno Luksic ha denunciado que la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés) “antepone los intereses comerciales del Santander” a los de los accionistas de Popular y a la transparencia en el proceso de resolución del que fue el sexto banco español. Al igual que el resto de accionistas del Popular, el grupo perdió toda su inversión tras haber llegado a tener más de un 3,4% del capital.

En un comunicado que recoge la agencia Europa Press, explica que la SRB ha rechazado la solicitud de Aeris Invest, vehículo de inversión del grupo Luksic, de compartir la documentación completa por la que el pasado 7 de junio se dispuso la resolución sobre Banco Popular. Para Aeris Invest, esta decisión “atenta directamente contra el legítimo derecho a defensa de los afectados”.

Así, explica que partiendo del supuesto de que dicha información es imprescindible para que Luksic pueda ejercer acciones judiciales, Aeris, el pasado 13 de julio, solicitó formalmente a la autoridad europea la documentación relativa al proceso de resolución mediante el envío de una carta.

En concreto, solicitó a la SRB acceso a documentación sobre la resolución de Popular, incluyendo el informe de valoración, la oferta remitida por Santander al FROB, las ofertas de terceros, con el resultado de que se le han denegado todas las peticiones, excepto la relativa a las comunicaciones del FROB con entidades para que presentasen una oferta, en la que le da acceso a una versión censurada.

Según Luksic, en su negativa el organismo alega que “la difusión del informe de valoración y los elementos de la decisión de resolución que se refieren a datos financieros de Banco Popular, así como a su posición particular en el mercado, podrían socavar la protección de los intereses comerciales de la entidad y de su comprador”.

Del mismo modo, explica que Banco Santander se ha opuesto a la publicación del texto completo del documento de su oferta, justificando su posición en que dicho documento contiene intereses comerciales de carácter estratégico y a que se trata de información confidencial. Aeris considera por ello que “los intereses comerciales del Santander prevalecen frente a los de miles de accionistas del Banco Popular”.

La SRB sostiene que está legalmente sometida a las obligaciones de confidencialidad que establece el derecho de la UE por las cuales se impide desvelar información bancaria que no esté disponible de forma pública. Por otro lado, la institución considera que “la divulgación de partes específicas del documento que están relacionadas con el precio de venta, socavaría la protección de la política financiera de la Unión, así como de la política relativa a la resolución de instituciones financieras”.

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