El trabajo privado en Cuba, al que las autoridades estiman a bien en llamar “trabajo por cuenta propia o trabajo no estatal”, está siendo objeto de una profunda revisión con el objetivo de “perfeccionarlo” y así evitar males como el robo en instituciones estatales que pudieran ir a destinados a tales negocios, el incumplimiento de obligaciones tributarias y evitar en alguna medida la sub declaración de ingresos, entre otros problemas puntuales.
Al terminar el primer semestre, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, son 567.982 personas las registradas bajo esta modalidad de trabajo y servicios, lo que representa un 12% de la fuerza laboral en la isla. Son jóvenes el 32%; 33%, mujeres; el 16% labora también para el gobierno, y un 11% corresponde a jubilados y pensionados.
Se ha informado que de manera definitiva no se otorgarán más licencias para actividades como “vendedor mayorista de productos agropecuarios”, “vendedor minorista de productos agropecuarios”, “carretilleros o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria”, “comprador vendedor de discos” y “operador de equipos de recreación para los equipos rústicos”.
Incongruencias anteriores han sido eliminadas como esa de una peluquera que necesitaba también de otra licencia para hacer trenzas en el pelo.
Hasta tanto no se concluya definitivamente el estudio o reordenamiento no se darán nuevos permisos para arrendar viviendas o habitaciones y abrir cafeterías o restaurantes, así como las de contratista privado y elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en restaurantes privados.
Un extenso reportaje aparecido en torno al tema en el diario Granma, portavoz del partido comunista, da cuenta que “nadie asuma que el fin de estas medidas es dar marcha atrás al desarrollo del trabajo por cuenta propia en Cuba”.
