Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, se han unido para dar una visión jurídica conjunta de lo que está sucediendo en Cataluña.
“La ley Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, suspendidas por el Tribunal Constitucional, carece de eficacia alguna para alterar el sistema constitucional descrito al situarse fuera del marco que sustenta su propia autoridad”, asegura un comunicado que han hecho público este jueves.
Según las cuatro asociaciones principales, “no corresponde a los miembros del Poder Judicial interpretar la historia ni resolver conflictos políticos, pero sí ejercer la función jurisdiccional, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley, para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas”.
Por otro lado, consideran que los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar “conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución”.
En ese sentido, “una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario”.
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