Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.
La Generalitat de Cataluña tenía hasta las 10 de la mañana para presentar alegaciones en el Senado a la aplicación del 155 de la Constitución. Y lo ha hecho. Así lo han confirmado fuentes de la Cámara alta, que han señalado que el Govern presidido por Carles Puigdemont ha enviado un escrito por burofax en el que expone su posición en contra de las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En este documento, al que ha tenido acceso EL BOLETIN, el presidente de la Generalitat advierte de que la aplicación del 155 va a crear una situación “todavía más grave” en Cataluña, ya que supone “arrebatar su autonomía política”. En su opinión, el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno “va más allá del concepto de ‘medidas necesarias’”, ya que supone “desposeer al pueblo catalán de sus instituciones”, en referencia al Parlament y al Govern.
Mariano Rajoy y los suyos se extralimitan, denuncia Puigdemont. Para el mandatario catalán apartado 2 del artículo 155 establece que el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma, lo que “resulta incompatible con destruirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden”. O lo que es lo mismo, el Senado, al autorizar la adopción de medidas, “no puede dar un cheque en blanco al Gobierno”.
La ejecución de estas medidas sólo permite al Ejecutivo, continúa, “dar instrucciones a las autoridades autonómicas”. De ahí que considere que Rajoy ha sobrepasado ampliamente ese límite de forma “injustificada en cuanto a su adecuada proporcionalidad y gradualidad”.
Según Puigdemont, el 155 “es un precepto previsto para situaciones extraordinarias” y “no una cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado”. Asimismo, rechaza que se deje “sin efecto la organización institucional de la Generalitat” e insiste en que estas iniciativas “no se dirigen sólo” a que el Govern “revoque la declaración de independencia, sino que despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones”.
Tras esto, enumera algunas de las objeciones de constitucionalidad que encuentra en las medidas para las que el Gobierno ha solicitado la autorización del Senado. Entre ellas, hace referencia a la facultad para disolver el Parlament y convocar elecciones catalanas. Algo que sería una “verdadera aberración”.
En cuanto al cese del presidente de la Generalitat, Puigdemont recuerda que “ha sido investido para representar al conjunto del pueblo y las instituciones de Cataluña” y delega la defensa de estas alegaciones a Ferran Mascarell, delegado de la Generalitar en Madrid, y alternativamente, en el caso que no fuera posible, a los senadores Josep Lluís Cleries y Miquel-Angel Estradé, portavoces del PDeCat y ERC en la Cámara, respectivamente.
La presentación de estas alegaciones ha coincidido con la nueva reunión convocada por Puigdemont a sus consellers, así como a PDeCat y a ERC, en el Palau de la Generalitat tras el maratoniano encuentro de anoche, que duró más siete horas. Una cumbre, la de anoche, que no gustó nada a la CUP, que ha criticado este jueves que no se contara con esta formación.
El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleríes, ha explicado que el burofax enviado por la Generalitat con las alegaciones contra la aplicación del artículo 155 llegó tarde porque “se atascó el papel”, según recoge la SER.
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