Lamela propone juzgar a Olivas y otros exdirectivos de Bancaja por un ‘pelotazo’ en México

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto juzgar al expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, así como a otras 47 personas -entre ellas exdirectivos de ambas entidades y empresarios-, por las inversiones inmobiliarias en México a través del llamado Grupo Grand Coral que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” delas malogradas entidades valencianas.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, la magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

La magistrada explica que Bancaja y Banco de Valencia participaron, entre 2005 y 2009, en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral (CGC) del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

De acuerdo con los informes de los peritos judiciales, las malogradas entidades fueron los socios denominados “financiadores”, en tanto que los socios externos fueron accionistas denominados “promotores-gestores”, resultando que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.

La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch, indica, obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la juez, que apunta no sólo a Olivas sino también a los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y al consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra.

Lamela subraya que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en CGC, que las lastraban y que, por el contrario, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó” de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Un informe de los peritos designados por el Banco de España y nombrados judicialmente constató múltiples irregularidades y ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo” por ambas entidades, “que se valora en 750 millones de euros”.

Además, en el curso de la instrucción, dice Lamela, se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta Summerville receptora de la “injustificable plusvalía” de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch.

Lamela acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía y emplaza a las acusaciones a que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

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