Lamela envía al Supremo la causa contra el Govern porque hay una «organización compleja» tras la DUI

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela remite la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña al Tribunal Supremo por entender que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa: «La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común», señala. El Supremo ya investiga a los miembros de la Mesa del Parlament también imputados por la declaración de la DUI.

La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, «razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados». De forma contraria a la petición de la Fiscalía, que pedía que fuese la Audiencia Nacional quien juzgase a Carles Puigdemont y el resto de consellers, Lamela deriva la causa “una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos”, entre los que destaca desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición.

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Destaca que todas las personas querelladas, así como otras investigadas, forman parte de una compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario.

Entiende que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles«, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, «sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».

Reparto de papeles y actuación necesaria de los Mossos D’Esquadra

La juez cree que el proceso soberanista liderado por el Govern es una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido: “Las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente”, resume la Audiencia Nacional el auto de la juez.

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Lamela cree que mientras los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del «proceso de desconexión», la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium “era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia”. Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, «actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre».

También considera que hubo un “papel esencial de los Mossos d’Esquadra”: «Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban». La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, «en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales».

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