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La vivienda social en España: “una guerra de pobres”

Edificio de viviendas

Los 15.000 inmuebles anunciados se suman a las 5.000 viviendas que la Sareb ya ha cedido a comunidades autónomas y ayuntamientos. Desde la entidad valoran positivamente el acuerdo con el ejecutivo: “El programa de vivienda social que Sareb puso en marcha en el año 2013 está funcionando y esta colaboración se añade a las cesiones que ya existían con ayuntamientos y comunidades autónomas que eran positivas”.

En cuanto a los detalles del acuerdo, todavía tienen que concretarlos entre los ministerios correspondientes y la entidad. Está en planteamiento cuándo y por cuánto tiempo se cederán esas viviendas y si la Sareb recibirá algún tipo de compensación económica. “Son líneas de trabajo con los ministerios y se están articulando los detalles”, explican desde la entidad. Lo que sí se conoce es que los gastos de rehabilitación de los inmuebles serán compartidos por el gobierno y la entidad. “En los convenios que ahora tenemos firmados con los ayuntamientos los gastos de rehabilitación se asumen al 50%”, destacan fuentes de la Sareb.

Además de ello, los inmuebles serán arrendados a personas con pocos ingresos y en situación acreditada de vulnerabilidad por un precio reducido por parte de las comunidades autónomas y entidades locales.

“15.000 viviendas es una cantidad que puede ser bienvenida, pero es una anécdota”, critican desde el Sindicato de Inquilinos. Para ellos, este número de casas no puede hacer frente a la cantidad de solicitudes de vivienda social que existen, ni a la “situación de emergencia habitacional”: “Esta ya no solo afecta a los colectivos vulnerables, también lo hace a las clases medias”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca creen que aunque con este acuerdo se alcanzaran las 24.000 viviendas sociales, sigue siendo un número “insuficiente”. “Tenemos el parque público más pequeño de Europa, que solo llega al 1%. Para tener un nivel aceptables tendríamos que estar en torno al 15% o al 20%”, destacan fuentes de la PAH.

Ambas plataformas consideran un error que el gobierno vaya a asumir parte de los gastos de rehabilitación de los inmuebles de la Sareb. “Nos va a costar a todos mucho dinero y la Sareb se va a llevar los beneficios de la rehabilitación de estas viviendas, ya que cuando se acabe la cesión volverán a la entidad”, critica el Sindicato de Inquilinos. Desde la PAH opinan que es una estrategia para deshacerse de las casas en peor estado: “Como no pueden vender los inmuebles más cochambrosos a particulares y a fondos, se los intentan colar a la administración pública, vendiéndolo como una medida social, pero que no es gratis de todas formas. Es pagar por unas viviendas que ya se han pagado con dinero público”.

“El gobierno tiene que obligar a la Sareb a hacer una presentación transparente de lo que tiene y en qué estado está. Después tiene que cerrar la entidad, liquidarla, para que no siga habiendo pérdidas. Coger toda la vivienda que les queda y convertirla en social”, añade el Sindicato de Inquilinos. Para ellos, cada vivienda de la entidad que no termine en el parque de vivienda público se estaría “privatizando”: “Cada euro que se pague por un inmueble de la Sareb que ya se ha pagado antes es un robo”.

Desde la Sareb comentan que son una sociedad de liquidación que tiene como misión principal recuperar el máximo dinero posible de las ayudas que se dio a las entidades financiares. Por su parte, la PAH considera a la entidad “una inmobiliaria pública”: “Nuestra postura es crítica con ella. La mayoría del dinero con el que se fundó la Sareb proviene de un préstamo de fondos europeos y sus bienes inmobiliarios de ejecuciones inmobiliarias o de deudas hipotecarias que aún no se han ejecutado el desahucio pero que se termina realizando”.

“Al año pueden salir a sorteo unas 100 o 300 casas para miles de personas”

“Es una lotería”, denuncia la PAH en relación a la asignación de viviendas sociales en España. Según los datos que manejan, al año puede salir a sorteo unas 100 o 300 casas en Madrid para una lista de peticiones de miles de personas. “Es una guerra de pobres, a ver quién está peor”, declara.

“Nosotros tenemos compañeros en la asamblea que llevan años esperando, el caso más sangrante es el de Yamila, que lleva diez años pidiendo una vivienda pública, cumpliendo los requisitos y no le ha tocado y no le va a tocar porque no hay casas suficientes”, lamentan fuentes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.

Además, no ven con buenos ojos algunos requerimientos para entrar en el sorteo en la capital madrileña: “No estar ocupando, que se disfraza como una medida para evitar la ocupación, pero en realidad están diciendo que solo se puede pedir una vivienda pública si ya tienes un sitio para vivir. Si no tienes donde caerte muerto y has ocupado un inmueble no puedes pedirla”.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinos suma otro problema a la situación: el desarraigo. “De repente a alguien que vive en Lavapiés le dan una vivienda en la M-45. Eso a las personas mayores les rompe la vida, pierden su red social, su médico, sus calles. Y luego están las familias, que las personas adultas se puede adaptar mejor, pero los niños pierden su colegio y sus amigos”, concreta.