UPF, asociación de la que Peramato fue presidenta y a la que también pertenecía García Ortiz hasta su llegada al cargo, ha destacado la trayectoria profesional de Peramato, “fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal”.
“Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”, ha asegurado la UPF en un comunicado, recoge Europa Press.
En concreto, ha ensalzado el “compromiso” de Peramato “con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género” por cuanto “su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de Derechos Humanos en nuestra sociedad”.
“Como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer y, más recientemente, como fiscal de sala delegada para la protección de las víctimas, ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo”, ha valorado UPF.
“Momentos delicados” que exigen liderazgo sereno
“En el plano institucional”, la asociación ha confiado en que la experiencia de Peramato como fiscal de sala del Tribunal Supremo, “unida a su profundo conocimiento del trabajo cotidiano de los fiscales en todo el territorio, contribuirá a fortalecer una Fiscalía moderna, autónoma y plenamente comprometida con los valores del Estado de Derecho”.
Además, UPF ha indicado que seguirá el proceso de nombramiento de Peramato, que “continuará con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados”, “con el máximo respeto institucional”, según la citada agencia.
Al hilo, se ha mostrado consciente de que “la carrera fiscal vive momentos delicados que exigen autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno, solvencia jurídica y una profunda conciencia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas, así como en la preservación de la confianza pública”.
