El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado esta semana un informe dedicado a los compromisos pendientes de pago en el presupuesto de la Unión Europea. Según el análisis del órgano auditor, Bruselas tiene pendientes 267.000 millones de euros en pago comprometidos de los que 19.200 millones tienen como destino España.
El estudio publicado resume el estado de las cuentas a finales del año 2017, último ejercicio completamente escrutado. Después de años de crecimiento casi ininterrumpido, el valor de los compromisos pendientes de pago alcanzó los 267 000 millones de euros al final de ese año.
Ello obedecía en gran medida a la brecha entre los créditos de compromiso y los créditos de pago, unida al solapamiento de los marcos financieros plurianuales y a la lentitud en la aplicación de los programas financiados por la UE.
“El incremento también puede atribuirse en parte al crecimiento del presupuesto de la UE y a la necesidad de adaptarse a la adhesión de nuevos Estados miembros”, argumenta el Tribunal de Cuentas.
El aumento de la acumulación presupuestaria podría afectar a futuros proyectos financiados por la UE, señalan los auditores. El presupuesto anual de la UE se compone de importes disponibles para ser comprometidos e importes para efectuar pagos reales durante el ejercicio.
Los denominados “compromisos pendientes de pago” son aquellos contraídos en el ejercicio actual y anteriores, pero que todavía no se han abonado ni cancelado. A lo largo de la última década estos compromisos sin pago han aumentado en más de un 90 %, y en los ejercicios recientes han experimentado una marcada aceleración.
Annemie Turtelboom, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis, lamentan que “durante muchos años hemos manifestado nuestra preocupación por el creciente nivel de estos compromisos no abonados, pero ahora vemos que la historia se repite. Un número elevado de este ‘debe’ aumenta la exposición financiera del presupuesto de la UE”.
A fin de fomentar la disciplina financiera, todos los Estados miembros deben gastar estos fondos en un plazo de tres años a partir del momento en que se comprometen, o corren el riesgo de perderlos.
Durante los últimos diez años, los importes anulados han sido relativamente bajos, un 2 % del total comprometido. No obstante, los auditores señalan que los importes anulados ya no pueden utilizarse y, por lo tanto, se pierden para los objetivos de la política de los Estados miembros afectados y de la UE.
Actualización de 2018
Al final de 2018, la Comisión informó de que los compromisos sin pago ascendían aproximadamente a 280.000 millones de euros. En el presupuesto de la UE para 2019 se prevén 166.000 millones de euros de compromisos y 148.000 millones de euros de pagos.
