El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas / Foto: Marta Fernández Jara - Europa Press
Las negociaciones se han saldado con un acuerdo para el reparto de la pesca en el Atlántico y el mar del Norte y para las posibilidades de pesca en el mar Negro y el Mediterráneo, que ha centrado los esfuerzos negociadores de los ministros para garantizar la supervivencia de la flota de arrastre que faena en la zona.
Lo que ha complicado el debate ha sido esa reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo, que según denunciaba el sector era una «sentencia de muerte» para los arrastreros, que en los últimos cinco años ya han soportado un recorte de la actividad del 40%, lo que ha limitado sus días de trabajo a unos 130 al año.
«Las negociaciones han sido largas y complejas sobre el Mediterráneo Occidental», ha reconocido el nuevo comisario de Pesca de la UE, Costas Kadis, en rueda de prensa al término de la reunión, en la que ha explicado que se ha acordado «un mecanismo de compensación ampliado que aliviará el impacto socioeconómico de la reducción del esfuerzo» para el arrastre.
Recurrir al mecanismo de compensación amortiguará, en parte, el recorte al arrastre que pide Bruselas, ya que permite recuperar días de actividad si se cumplen ciertas medidas medioambientales –a elegir entre 12– como puertas voladoras, la imposición de vedas o el cierre temporal de algunas zonas para proteger a las especies demersales cuya recuperación preocupa a la Comisión: los alevines de merluza y la gamba roja.
«Si se aplican estas medidas, los pescadores podrán pescar casi los mismos días», ha defendido el comisario, que ha indicado a los medios que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha ido «satisfecho».
«Estas medidas son acumulativas y permitirán aumentar considerablemente el número de días de pesca», ha agregado el político chipriota, que ha ofrecido también la financiación del Fondo de Pesca de la UE para ayudar a la flota a alcanzar estos objetivos.
El comisario ha destacado que para él era importante lograr un acuerdo «equilibrado y responsable», por lo que ha hecho «todo lo posible» y ha recurrido a «todas las flexibilidades que permitía el marco jurídico» para garantizar el equilibrio entre las consideraciones sociales, económicas y medioambientales.
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