En 1990, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) iniciaron unas negociaciones con el fin de firmar un Tratado de Libre Comercio entre el Viejo Continente y los países del Golfo. En estos 27 años, las conversaciones se han encallado en varias ocasiones y el acuerdo no ha llegado nunca a fructificar. Ahora, Bruselas intenta relanzar las negociaciones.
El repliegue (proteccionismo) de EEUU y Reino Unido (Brexit) ha provocado que la UE busque nuevos socios en otros lugares del planeta. En ese sentido, la diplomacia europea está apostando todo este año a la consolidación de nuevos tratados de libre comercio con diversos actores geopolíticos. Ayer fue Canadá, hoy es Japón, mañana el Golfo Pérsico.
En mayo de 2017, la UE y el GCC relanzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre las partes. El GCC, creado en 1981, está formado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
La relación comercial entre Europa y el Golfo ha aumentado considerablemente en los últimos años. De hecho, la UE fue el primer socio comercial del CCG en 2015, representando el 16,6% de su comercio total, seguido por China (14,9%), India (9,4%) y Japón (8,6%).
Sin embargo, la relación entre ambas regiones no es una cuestión unidireccional. Si bien es cierto que las exportaciones europeas doblan a las importaciones pérsicas, el comercio bilateral de servicios entre ambos supera los 50.000 millones de euros.
Las exportaciones de la UE a los países del Consejo de Cooperación del Golfo están protagonizadas por los productos industriales (91,4%), como las centrales eléctricas, las locomotoras y las aeronaves ferroviarias, así como las máquinas eléctricas y los aparatos mecánicos.
Por su parte, las importaciones de Bruselas procedentes del Golfo son principalmente combustibles minerales, productos mineros y productos químicos.
La idea de la UE es liberalizar las normas de inversión en los Estados del Golfo para que las empresas europeas puedan participar en ese mercado, liderado por el sector del petróleo, telecomunicaciones y la banca.
En cualquier caso, Bruselas asegura que ante cualquier acuerdo exige ciertas normas de democracia y de derechos humanos.
