El acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo, con el visto bueno de la Comisión que fue la que presentó en 2020 la primera propuesta, ha costado mucho, pero se ha conseguido. Se trata de cinco reglamentos -que son de obligado cumplimiento para los 27- que establecen la normativa aplicable en cada situación.
Es decir, desde los protocolos de llegada de solicitantes de asilo hasta las causas para su asilo o rechazo e incluye las fórmulas para hacer frente a situaciones de emergencia como las vividas en las islas de Lampedusa o de Canarias en los últimos tiempos.
Los cinco reglamentos son: control y procesamiento de los datos de los migrantes; control de las fronteras exteriores; tutela judicial y recursos necesarios; administración de las crisis y, por último, gestión y atención de los solicitantes de asilo.
El más importante es probablemente el último porque hasta ahora la regulación correspondía a cada país -y los más expuestos son los del Mediterráneo- y no era común en la UE.
El camino ha sido largo y espinoso por las enormes diferencias entre países. La propuesta lanzada hace tres años por la Comisión no fue aceptada por el Consejo hasta junio, cuando se vencieron las últimas resistencias de países como Italia.
Desde entonces la presidencia española ha trabajado a fondo para encontrar la fórmula que permitiera el apoyo de todos los países y del Parlamento Europeo, representado por eurodiputados de los tres principales grupos, el popular sueco Tomás Tobe, el socialista español Juan Fernando López Aguilar y la liberal francesa Fabienne Keller.
Para López Aguilar se trata de un acuerdo que permite el reparto de los migrantes entre países: “El Reglamento de crisis permitirá a la UE alejarse, por fin, de los parches nacionales ad hoc y pasar a establecer un sistema predecible y confiable en situaciones de crisis en la que todos los estados deben aportar contribuciones de solidaridad obligatoria para apoyar al que sea declarado en crisis.
Las reubicaciones entre estados serán la modalidad de solidaridad priorizada”. En caso de que algún país no acepte el cupo que le corresponda tendrá que abonar 20.000 euros por cada emigrante para una bolsa común.
Para el vicepresidente de la Comisión Margaritis Schinas se trata de un acuerdo que “obliga” a los estados y que establece un protocolo aplicable en todas las fronteras “con un procedimiento igual”. Y destacó que este nuevo sistema se basa en “la solidaridad para reubicar a los migrantes”.
SITUACIÓN POLÍTICA
En Bruselas se ha acogido el acuerdo con alborozo. Se temía que se terminara la legislatura en junio próximo sin una solución común que llevaba pendiente casi 10 años. Pese a la tensión creada en Francia los últimos días con la nueva ley que propone el gobierno, finalmente ha sido posible cerrar una solución común que, sobre todo, según destacó la comisaria de Interior, Ylva Johansson, afecta a los países más expuestos, caso de España que, en su opinión, facilitó enormemente las negociaciones durante su presidencia.
La preocupación de fondo es, sin embargo, el crecimiento exponencial de los partidos de extrema derecha que utilizan justamente este problema de la emigración irregular como ariete de sus propuestas.
Y hay que tener en cuenta que en junio se celebran unas elecciones importantes en las que las encuestas anuncian un avance significativo de estas organizaciones. Aparte de que acaban de ganar las elecciones en los Países Bajos o que apoyan o forman parte de otros gobiernos como Italia, Suecia o Finlandia, por ejemplo.
