La CE presentó este martes «un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
«La nueva Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales (ALBC) a escala de la UE será la autoridad central coordinadora de las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique correcta y coherentemente las normas de la UE», dice el documento.
La ALBC, en particular, supervisará directamente algunas de las entidades financieras de mayor riesgo que operan en un gran número de Estados miembros o que requieren medidas inmediatas para hacer frente a riesgos inminentes.
Además, supervisará y coordinará a los supervisores nacionales responsables de otras entidades financieras, apoyará la cooperación entre las unidades nacionales de información financiera y facilitará la comunicación y los análisis conjuntos entre ellas, a fin de detectar mejor los flujos ilícitos de carácter transfronterizo.
La CE propuso también crear listas «negra» y «gris» de terceros países, iguales que tiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para hacer frente al bloqueo de capitales.
«Los países incluidos en la lista del GAFI también figurarán en la lista de la UE. Habrá dos listas de la UE, una «lista negra» y una «lista gris» que reflejen la lista del GAFI», explica.
Tras la inclusión en la lista, continúa, la UE aplicará medidas proporcionadas a los riesgos que presente el país.
La UE también podrá incluir en una lista a países que no figuren en la lista del GAFI, pero que «supongan una amenaza para el sistema financiero de la UE sobre la base de una evaluación autónoma».
Además, la CE propuso medidas que garanticen «la plena trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, como Bitcoin, y permitan prevenir y detectar su posible uso para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo».
Quedarán prohibidos los monederos anónimos de activos criptográficos, señala.
El paquete legislativo presentado este martes será examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
La futura Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales debería estar operativa en 2024 y comenzar su labor de supervisión directa poco después, una vez transpuesta la Directiva y aplicado el nuevo marco regulador, matiza la Comisión.
