Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han adoptado el primer reglamento sobre mercados de criptoactivos, conocido como normativa MiCA, un nuevo marco legal que tiene como objetivo apoyar la integridad del mercado, la protección de los inversores, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La nueva normativa, que ya fue acordada provisionalmente por los negociadores del Parlamento y el Consejo en junio de 2022, ha sido formalmente adoptada por los ministros en la reunión del Ecofin de este martes.
«Estoy muy contenta de que hoy cumplamos nuestra promesa de comenzar a regular el sector de los criptoactivos», ha indicado la ministra del ramo de Suecia, Elisabeth Svantesson, consciente de que «los acontecimientos recientes han confirmado la necesidad urgente de imponer normas que protejan mejor a los europeos que han invertido en estos activos y prevengan el uso indebido de la criptoindustria con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo».
El texto supone la primera legislación de la UE para garantizar que las transferencias de criptomonedas, como ocurre con cualquier otra operación financiera, puedan rastrearse y bloquearse si resultan sospechosas.
La reforma prevé, igualmente, exigencias específicas en las operaciones de los proveedores con carteras no alojadas de modo que estén obligados a verificar las transferencias hacia o desde sus clientes con una de estas carteras sin registrar.
También cubrirá los criptoactivos que no estén regulados por la legislación de servicios financieros existente y sus disposiciones cubren la transparencia, la divulgación, la autorización y la supervisión de sus transacciones.
De este modo, los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, costos y cargos relacionados con sus operaciones. Además, el nuevo marco legal respaldará la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos.
El texto acordado incluye también medidas contra la manipulación del mercado y para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
