Un nuevo informe de los auditores publicado este jueves señala que, según Eurostat, en 2021 solo el 51% de las personas con discapacidad tenían un empleo, en comparación con el 75% de las personas sin discapacidad, datos muy similares a los de seis años atrás.
En este contexto, los auditores consideran que la acción de la UE para mejorar la situación de las personas con discapacidad en los Estados miembro ha provocado «pocos cambios en la vida real», mientras que la legislación al respecto se ha «estancado».
«La Comisión ha asumido el compromiso de ayudar a las personas con discapacidad a desempeñar un papel igual de importante en la vida cotidiana, pero las acciones de la UE han tenido un impacto práctico limitado», ha señalado el auditor responsable del informe, Stef Blok, quien ha incidido en que «las personas con discapacidad en la UE se enfrentan todavía a una ardua batalla para encontrar un trabajo y luchar contra la pobreza, y deben superar obstáculos a su libertad de movimiento».
El informe recuerda que los Estados miembro tienen la responsabilidad principal en materia de políticas de inclusión social, pero ofrecen un apoyo y prestaciones muy distintos a las personas con discapacidad, con diferentes modos de decidir quién puede beneficiarse.
Además, los diferentes países de la UE no reconocen la condición de discapacidad concedida por otros Estados miembro, algo que fomentaría la libre circulación en todo el bloque.
Como resultado, las personas con discapacidad que visitan otro país de la UE o que se desplazan para trabajar o estudiar, se arriesgan a recibir un trato desigual en comparación con los nacionales que viven una situación similar y, además de soportar una mayor carga burocrática, es posible que no disfruten de igualdad de acceso a servicios, tales como tarifas reducidas para los museos o el transporte.
El Tribunal apunta que el papel de la UE consiste en prestar apoyo y coordinación y, aunque en su estrategia 2021 2030, la Comisión abordó la mayoría de las deficiencias más tempranas y propuso una serie de iniciativas emblemáticas de inclusión, como la Tarjeta Europea de Discapacidad y el paquete sobre el empleo de las personas con discapacidad, esta hoja de ruta «deja sin resolver muchas cuestiones clave».
En este sentido, los auditores advierten de que los avances en este ámbito se ven «obstaculizados por el estancamiento de la directiva sobre igualdad de trato de la UE y la lentitud de los Estados miembro en la incorporación de la Ley europea de accesibilidad a la legislación nacional».
Al mismo tiempo, lamentan que el vínculo con la financiación de la UE también sigue siendo «débil», y la Comisión no supervisa cuánto dinero de la UE se destina realmente a apoyar a las personas con discapacidad, lo que podría ilustrar cómo la financiación de la UE ha mejorado su situación.
Sin embargo, debido a la falta de datos, critican que no han podido evaluar si estas instituciones han alcanzado sus objetivos mediante la inclusión de las personas con discapacidad en sus plantillas y recomiendan que las instituciones de la UE recopilen esta información y evalúen los progresos realizados.
