El Consejo de la UE ha respaldado finalmente la propuesta de incluir el gas y la nuclear en la clasificación de inversiones en energías verdes ya que no se ha alcanzado una mayoría calificada, de al menos 20 Estados miembro, que planteara objeciones antes del 11 de junio.
Tras el respaldo que recibió la propuesta en el pleno del Parlamento Europeo la pasada semana, pese a la opinión en contra de las comisiones parlamentarias competentes, la aprobación por parte de los Estados miembro constituye el último paso de cara a la adopción de esta regulación que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2023, después de ser publicada en el Diario Oficial de la UE.
En febrero, la Comisión Europea presentó el acto delegado de taxonomía, un sistema de clasificación que establece la lista de actividades económicas sostenibles en términos medioambientales, que suscitó polémica porque propone incluir el gas y la nuclear por su función como energías de transición hacia las energías limpias.
No obstante, la propuesta de Bruselas establece ciertas limitaciones temporales y de transparencia para incluir el gas y la nuclear en la clasificación de inversiones verdes. En el caso de la primera, la etiqueta de sostenible se extendería hasta 2030 y las inversiones nucleares estarían sujetas a ciertas normas para su desmantelamiento y el tratamiento de residuos.
En todo caso, la propuesta suscitó el rechazo de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, el grupo de expertos asesores del Ejecutivo Comunitario, y de países como España, así como Austria, Dinamarca y Luxemburgo que manifestaron, a principios de año, que pone en riesgo la transición energética.
Ante lo cual, el Ejecutivo comunitario reconoció en ese momento, ni el gas ni la nuclear son energías neutras a nivel climático ni tampoco renovables. Sin embargo, defendió su papel como actividades de transición para alcanzar una economía descarbonizada en 2050, algo que se refería en el segundo párrafo del texto.
La división generada se ha ido agravando desde la invasión militar rusa de Ucrania y la respuesta de la Unión Europea para romper con la dependencia de los combustibles fósiles de Moscú, especialmente en el caso del gas, como parte de la estrategia para acelerar la transición hacia las energías limpias.
En este marco, Luxemburgo y Austria ya anunciaron, la pasada semana, su intención de llevar ante el Tribunal Europeo de Justicia la propuesta de Bruselas, al considerar de dudosa legalidad que el gas y la nuclear formen parte de la política de finanzas sostenibles de la UE, según detalló el ministro de Energía luxemburgués, Claude Turmes, en un mensaje en redes tras conocerse el voto.
También la organización ecologista Greenpeace avanzó que prevé denunciar el plan de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE, una vez haya concluido su análisis legal interno sobre la decisión.
