Un informe de la Guardia Civil en el marco del caso Lezo detalla todas las sospechas sobre el amaño del campo de golf del Canal, un proyecto estrella de Esperanza Aguirre en proceso de demolición después de que la Justicia lo haya declarado ilegal.
Según recuerda eldiario.es la constructora ACS ganó en 2003 un concurso para hacer un parque público en los terrenos del Canal de Isabel II, en el madrileño barrio de Chamberí y “tres años más tarde, comenzó a construir un campo de golf gracias a que el Canal y la Comunidad de Madrid, con Ignacio González en ambos sitios, aprobaron una modificación del plan inicial sin ninguna justificación”, revelando este medio online que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de que ACS “desvió fondos al entorno personal de González como contraprestación” a la modificación del contrato. Destacando que la modificación del contrato inicial es “extraña e inusual” y en las adjudicaciones se cruzaron el hermano de Ignacio, Pablo, su cuñado José Juan Caballero y el socio de este, José Antonio Clemente.
Y es que –siempre según el digital que dirige Ignacio Escolar- la Guardia Civil ha reunido indicios que les permiten afirmar que la modificación “podría estar decidida de antemano” en favor de Dragados, sociedad del Grupo ACS. Los agentes señalan también que otra sociedad de este grupo empresarial se hizo con la explotación del campo tras su construcción. En ambas adjudicaciones “se interpuso la sociedad Tecnoconcret”, una empresa creada por Clemente, socio del cuñado de González, tan solo 12 días antes de que saliesen a concurso las obras.
Explica este medio online que “durante su periodo de actividad Tecnoconcret facturó más del 90% de sus ventas a una sola empresa: ACS” apuntando que “entre los años 2006 y 2007 facturó a la compañía de Florentino Pérez por valor de 3,2 millones de euros” y la “Guardia Civil no entiende por qué una constructora “con la solvencia técnica de ACS” tenía que echar mano de un grupo recién nacido. “No parece razonable”, señalan los investigadores.
Además, subrayan que ACS contrató a Tecnoconcret para que construyese el campo de golf, a pesar de que no tenían ninguna experiencia en ese sector. Señalando que Tecnoconcret subcontrató los trabajos por los que había ingresado 3,2 millones a Onlygolf, a quien pagó algo más de 2,6 millones”, con lo que “en medio se quedaron más de medio millón de euros”, por lo que los investigadores rastrean el destino final de ese dinero y si la subcontratación se corresponde con servicios reales, o si se trató de una facturación ficticia.
Otra pista que sigue la UCO es que Laureano Vallenilla, el arquitecto que diseñó el campo de golf apuntó en una conversación con un aficionado a este deporte –que este último reprodujo en su blog personal–que existía un amaño: “Nos salió la oportunidad de participar en un concurso de arquitectura, donde de antemano nos dijeron que el pescado estaba todo vendido”.
La Guardia Civil cree que esa confesión “apuntala la hipótesis” del amaño en la modificación del contrato. ACS contrató, sin ninguna necesidad, a la empresa vinculada al cuñado de González y esta a su vez a otra sociedad por menos dinero. Esa operativa indica, en palabras de los agentes, “que parte de los fondos comprometidos para la construcción del campo de golf (no previsto en el proyecto inicial) pudieran haber revertido indirectamente en el entorno de Ignacio González a través de su cuñado”.
Por si esto fuera poco, el hecho de que la modificación del contrato se cocinase entre el Canal y la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid llevan a la Guardia Civil a concluir que existen indicios de que “Ignacio González pudo aprovechar sus cargos en la Administración para desviar fondos públicos a su entorno familiar”.
Asimismo, se recuerda que ACS ganó también el concurso para gestionar el campo, y se recalca que el contrato de explotación, por un importe de 3,2 millones, fue a parar a un consorcio compuesto por una filial de ACS (Iridium), Tecnoconcret y Soto Once, especializada en negocios deportivos. Y los investigadores apuntan que “carece de sentido comercial” que una filial de ACS y una empresa con la experiencia de Soto Once se asociasen con otra compañía sin experiencia.
Señala el diario.es qu el hecho de “que en la oferta volviesen a coincidir ACS y el entorno de González hizo sospechar a los investigadores, pero la evidencia de indicios delictivos apareció cuando constataron que no presentaron la mejor oferta económica. En ese apartado perdieron por más de 10 puntos, pero la mesa de licitación usó los criterios subjetivos para salvar la diferencia y darles por ganadores”.
Green Canal Golf, como se llamaba la unión de las tres empresas, obtuvo la máxima puntuación en aspectos como el equipo humano o el proyecto deportivo. Pero “el informe hace constar que al tener que abonar la Administración un canon anual a la empresa, lo lógico era dar la concesión a la oferta con mejores condiciones económicas, con el consiguiente ahorro para las cuentas públicas. Los agentes señalan, de hecho, que se incluyó un sexto criterio totalmente subjetivo e innecesario en el que Green Canal dobló la puntuación de su competidor”.
La UCO cree que esa licitación se prestaba a la manipulación del contrato. Los criterios subjetivos “permitieron a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares”, y más cuando los licitadores eran personas nombradas en el Canal por Ignacio González. “Estos nombramientos apuntan indiciariamente a que Ignacio podría haber tenido influencia sobre los responsables de las licitaciones, herramienta que le habría otorgado capacidad operativa de manipulación de los concursos públicos a su interés particular”, escriben los investigadores.
Tras conseguir el contrato, la filial de ACS compró a Tecnoconcret y Soto Once todas sus participaciones, y se quedó sola en la explotación del campo de golf. Fue en ese momento cuando el hermano de Ignacio, Pablo, decidió entrar como accionista, y se quedó un tercio de la empresa, lo mismo que su cuñado. Con el clan de Gonzalez como accionista, ACS retomó su facturación con Tecnoconcret: los pagos ascienden a 623.000 euros en cinco años.
Los agentes no ven justificación a estos pagos cuando Tecnoconcret ya estaba desvinculada del campo de golf y no hacía ninguna tarea que requiriese una remuneración. El pago sin motivo “infiere nuevamente que existió un beneficio ilícito en favor de determinados familiares de Ignacio González”.
Para apoyar su tesis, el informe recuerda que Caballero y Pablo González crearon la sociedad Tamanaco 07 en el año 2006, poco antes de que saliese a concurso la explotación del campo de golf. Su accionariado es el mismo que el de Tecnoconcret y el domicilio social también, la casa de Clemente. Pero tuvieron que cerrarla poco después cuando se publicó en la prensa que familiares de González estaban detrás de ella. Su objetivo era, según los agentes, usar esa sociedad para lo que luego sirvió Tecnoconcret: interponerla en las adjudicaciones.
En conclusión, tal y como resalta el mencionado digital, la UCO informa al juez en su informe de que existen “numerosos indicios” de que tanto el hermano, como el cuñado de Ignacio González, “se beneficiaron económicamente” de los contratos del Canal para la construcción y explotación del campo de golf. Todo durante las fechas en las que González era presidente de la empresa pública y vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
