Tres agentes de la UCO, entre ellos el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas –al frente de estas pesquisas en la Benemérita–, han ratificado las conclusiones a las que llegaron en el informe que apuntala la causa, donde resolvieron que el fiscal general tuvo una “participación preeminente” en la presunta filtración.
Se trata, en concreto, recoge Europa Press, del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de pactar y evitar la cárcel, un ‘email’ que, según el magistrado instructor, García Ortiz filtró a la SER la noche del 13 de marzo.
“Es la persona sobre la que tenemos más indicios y la Fiscalía está jerarquizada y hay un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”, han expuesto los agentes de la UCO para justificar por qué concluyeron que la filtración tuvo que proceder necesariamente de García Ortiz.
“¿Entonces, como es el jefe tiene que ser el filtrador?”, ha incidido la abogada del Estado Consuelo Castro, que defiende a García Ortiz. “Evidentemente no”, ha replicado uno de los uniformados que han comparecido en esta quinta sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general, que se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y al pago de más de 400.000 euros.
Los agentes han indicado que, por un lado, se basaron en “una coincidencia temporal” porque –han sostenido– solo la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía acceso a la documentación filtrada. “Sí, en poder de la FGE y de 600 personas más”, le ha corregido Castro, resaltando que más de 500 personas tenían acceso a ese material en la Fiscalía desde el 7 de marzo y “todos los fiscales de Madrid” desde el 20 de febrero, y ello sin contar al personal de los juzgados madrileños, donde se formalizó la denuncia el 5 de marzo.
Frente a ello, los agentes han argumentado que García Ortiz y los fiscales incluidos en el denominado “equipo de Fortuny” eran “actores cualificados”.
“Dominio del fiscal general”
En esa línea, han llamado la atención sobre una conversación donde la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la publicación el 12 de marzo en eldiario.es de la existencia de una investigación contra González Amador, asumió que, una vez analizada la documentación, se la había dado “publicidad” por parte de la FGE. “Supone un antecedente de filtrado”, han afirmado.
Asimismo, han señalado que las comunicaciones de WhatsApp que tuvo García Ortiz la noche del 13 de marzo –y que se conocen por el teléfono móvil de Rodríguez– para conseguir la cadena de ‘emails’ entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal del caso, Julián Salto, “reflejan el ‘modus operandi’ de recabar información y después, presuntamente, filtrarlo”.
A su juicio, tanto estas comunicaciones como las referidas a la elaboración y difusión de una nota de prensa a las 10:22 del 14 de marzo por parte de Fiscalía, dando detallada cuenta de ese intercambio de ‘emails’, muestran “un dominio del fiscal general del Estado”, según la citada agencia. “Tiene una serie de colaboradores pero lo que se ve aquí es el dominio, de toda la Fiscalía, a todos los niveles” de García Ortiz, han reiterado.
“Claro, somos un cuerpo jerarquizado”, ha espetado el fiscal, que también rechaza la tesis acusatoria. “Entonces, es una deducción suya”, ha sumado. “No, no es una deducción mía”, ha frenado el agente en cuestión.
Borrado del móvil
Otro de los indicios que han mencionado los agentes de la UCO, a preguntas esta vez de las acusaciones, especialmente de la ejercida por González Amador, ha sido que, como plasmaron en sus informes, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil el 16 de octubre de 2024, cuando le encausó el TS, y cambió de terminal una semana después, el día 23.
“Se observa que el mensaje más antiguo es del 16 de octubre, a las 15:04, y una acción previa, entre las 15:01 y las 15:03, compatible con el borrado de información (…) Se puede afirmar que ha existido un borrado”, ha aseverado un agente.
Por las conexiones de las tarjetas telefónicas con los terminales, ha explicado que también se puede establecer que una semana después cambió de dispositivo y “formateó” el antiguo, que –de acuerdo con los agentes– no ha devuelto.
El contenido podría haberse recuperado por la copia automática que se generaba en la cuenta personal de Gmail de García Ortiz pero los agentes han manifestado que, al intentarlo, “el proveedor” les comunicó que había sido “eliminada recientemente”, sin poder especificar cuándo.
Por otro lado, un agente ha declarado que, el día del registro de su despacho, García Ortiz se mostró colaborador hasta el punto de que les informó de que hacía poco que había cambiado de teléfono y que “había destruido” el antiguo. “Yo no dije eso”, ha dicho el fiscal general, a micrófono cerrado. Ese detalle no se reflejó en el acta.
