Según el auto conocido este viernes, el magistrado Leopoldo Puente ha autorizado a la UCO a investigar las cuentas de Santos Cerdán, así como sus bienes inmuebles o vehículos y ha acordado posponer su declaración al 30 de junio ante su decisión de cambiar de abogado. Una cita a la que acudirá como imputado.
El mencionado auto recoge una batería de diligencias del juez acordadas tras recibir las peticiones de la UCO, y una vez que Cerdán renunció al acta de diputado y, por tanto, a su aforamiento. En primer lugar, indica que su declaración ya no será voluntaria, sino que será “preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él”.
Además, el instructor acuerda citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados, a cinco empresarios (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola), como personas que, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
También accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas Acciona Construcciones, Levantina Ingeniería y Construcción, Obras Públicas y Regadíos, y Servinabar.
El magistrado explica que, a su juicio, del informe de la UCO de 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto a que la entonces presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Sin embargo lo envía a la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera justificado, investigar los hechos.
