La trama del Canal desvío dinero público para jueces del Constitucional colombiano

La Fiscalía General de Colombia investiga si los pagos que aparecen en una de las agendas personales de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa (la filial del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico) y uno de los principales investigados en el caso Lezo esconden “sobornos” a jueces el Tribunal Constitucional colombiano, según informa hoy elconfidencial.com.

Explica el digital que la Fiscalía de ese país cree que las notas esconden sobornos que Edmundo pagó a los exmagistrados para que favorecieran a Inassa en determinados litigios que habían desembocado en esa Corte.

De hecho, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una nueva línea de investigación en el marco de la operación Acordeón (el caso que se abrió en Colombia paralelo al que se sigue en España) para determinar si Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exjuez del Constitucional, recibió “una elevada suma de dinero a cambio de favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos (R&T), filial del grupo Inassa”, señala el ministerio público colombiano.

Y señala que “la agenda de Edmundo Rodríguez Sobrino, fechada en septiembre de 2015, ya con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, desvela que el entonces presidente de Inassa anotó la cantidad de 600 junto al apellido Petrel, que ya está siendo investigado en otra causa distinta también por recibir presuntamente mordidas”.

Elconfidencial.com dice que los investigadores creen que esa cantidad se refiere a 600 millones de pesos, que en septiembre de 2015 eran al cambio 200.000 dólares o 173.000 euros. De momento, la Fiscalía solo investiga a Petrelt, magistrado del Constitucional colombiano entre marzo de 2009 y marzo de 2017. “El supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos», explica la Fiscalía, que investiga si ese pago se produjo por un problema judicial que Inassa tuvo con uno de sus socios, el Ayuntamiento de Santa Marta.

Revela este medio online que ña Fiscalía tiene ya la declaración de un importante extrabajador de Inassa que asegura en un escrito que dos de los magistrados pidieron inicialmente 1.000 millones de pesos (332.000 dólares) por favorecer en su resolución a la filial del Canal, pero que al final se conformaron con 750 millones.

La agenda de Edmundo tiene un importante valor judicial, ya que al parecer era donde le gustaba apuntar las presuntas mordidas. Haciendo notar que en el mismo documento anotó el reparto de la comisión de 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros) por la compra que Inassa hizo en 2013 en Brasil, otra de las piezas del caso Lezo.

Acceda a la versión completa del contenido