El Consejo de la Juventud de España (CJE) denuncia que la temporalidad y la precariedad laboral que caracterizan el mercado laboral español van a poner en peligro muchos puestos de trabajo en el campo de la investigación y, por tanto, la continuidad de importantes proyectos porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 prohíbe concatenar contratos temporales, circunstancia que provoca que buena parte del personal investigador, sujeto a esta modalidad, se quede sin empleo antes de finalizar el proyecto.
Ejemplo de esta situación, según recuerda el CJE, es lo que ocurre en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), centro pionero de la investigación contra el cáncer en nuestro país, que al igual que otros centros y fundaciones del sector público, tiene a buena parte de su personal con un contrato temporal y que, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos vigente, a día de hoy no puede renovar a cerca de 130 personas que trabajan en estudios sobre enfermedades cardiovasculares y contra el cáncer.
El Consejo pide por ello al Gobierno que adopte las medidas necesarias para mantener los empleos de las personas contratadas en proyectos de investigación puedan desarrollar su trabajo hasta el final, bien vía contrato por obra o vía contrato indefinido. “Cuando la brecha entre la calidad del empleo cualificado y el no cualificado se ensancha a nivel global, la dependencia tecnológica de España amenaza nuestra economía y el bienestar de la gente: menos bonificar la precariedad y más I+D+i y empleo digno en todos los sectores”, ha declarado Víctor Reloba, responsable del Área Socioeconómica del CJE.
El Consejo de la Juventud de España recuerda que España se sitúa en el penúltimo lugar de la lista de 15 países líderes en inversión en I+D realizada por el Instituto de Estadística de la Unesco. El gasto privado en investigación y desarrollo en nuestro país sólo alcanza al 0,64% del PIB, frente al 1,3% de media que invierten los países de la OCDE.
Por último, el CJE alerta de que la precariedad en el trabajo investigador y la falta de inversión en este campo ponen en peligro importantes estudios en materia de salud y atentan contra los derechos de las personas trabajadoras. Por todo ello, insta al Gobierno a propiciar unas condiciones de trabajo dignas, a aumentar la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológico, y a promover la inversión en I+D+i en el sector privado porque, a juicio del Consejo de la Juventud de España, invertir en innovación e investigación es un pilar clave para conseguir mayor productividad y dejar atrás la recesión económica.
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