Mientras algunas ciudades vinculan el cobro al valor catastral o al consumo de agua, otras avanzan hacia fórmulas más equitativas como el pago por generación, que premia la correcta separación de residuos.
Un mandato legal que ya no admite prórrogas
La Ley 7/2022 dio a los consistorios un plazo de tres años para aprobar la tasa. Ese plazo venció el pasado 10 de abril de 2025, por lo que ningún municipio puede seguir financiando el servicio con cargo a otros impuestos. Además, el Gobierno mantiene desde 2023 un impuesto estatal sobre vertido e incineración, cedido a las comunidades autónomas, que encarece el tratamiento final de los residuos y empuja a mejorar el reciclaje.
El espíritu de la norma es claro: los ayuntamientos deben repercutir el coste real neto del servicio, descontando la financiación procedente de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y evitando déficits crónicos.
Los municipios que no lo han hecho aún se exponen a requerimientos autonómicos o incluso a intervención de la AIReF, que ya advirtió de coberturas medias de solo el 59% antes de la reforma.
La Ley 7/2022 obliga a cubrir el 100% de los costes del servicio y prohíbe financiarlo con otros tributos
Modelos de cálculo: del recibo fijo al pago por generación
Las fórmulas de aplicación varían enormemente. En Madrid, la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR) combina una parte fija vinculada al valor catastral y un componente variable por generación. El coste medio ronda los 141 euros por hogar en 2025, aunque el consistorio prevé ajustes para 2026 ante las críticas vecinales.
En Barcelona, la tasa se cobra dentro de la factura del agua, con tramos según tipo de suministro y bonificaciones por puntos verdes o situaciones vulnerables. En el área metropolitana se añade la TMTR para el tratamiento.
Otras ciudades como Donostia indexan el cobro al consumo de agua, mientras que municipios como Usurbil o Cardedeu aplican el pionero pago por generación (PxG), con contenedores inteligentes y bolsas identificadas.
Las grandes ciudades optan por modelos híbridos, mientras los pequeños municipios prueban el pago por generación con tecnología y bonificaciones
| Ciudad / Área | Modelo aplicado | Criterio de cálculo | Coste medio estimado 2025 |
|---|---|---|---|
| Madrid | Fijo + variable ambiental | Valor catastral y generación | 141 € / hogar |
| Barcelona (AMB) | En factura del agua | Tipo de suministro y puntos verdes | 125 € / hogar |
| Zaragoza | Fijo + bonificaciones sociales | Renta y composición familiar | 110 € / hogar |
| Usurbil (Gipuzkoa) | Pago por generación | Peso y frecuencia | 95 € / hogar |
Desigualdades y causas: la tasa depende más del código postal que de la basura
Las diferencias entre territorios se explican por varios factores. Primero, el diseño de la señal de precio: vincular la tasa al valor del inmueble puede ser regresivo, mientras que relacionarla con el agua o con la generación real introduce criterios ambientales.
También influye la cobertura histórica de costes. Antes de 2025 la mayoría de ayuntamientos financiaban parte del servicio con otros ingresos, lo que ahora les obliga a subir tarifas para cumplir con la prohibición de déficit.
A ello se suma el impuesto estatal de vertido e incineración, con tipos medios de 22,9 euros por tonelada y enormes diferencias entre comunidades (de 1,5 €/t en Ceuta a 29 €/t en Canarias). Las autonomías que reinvierten esa recaudación en gestión de residuos —como Cataluña o la Comunitat Valenciana— muestran mejores resultados de reciclaje.
Los municipios que reinvierten el impuesto de vertido en políticas de residuos logran mayor eficiencia y menor factura final
Otro factor es la facturación compartida. En áreas metropolitanas, como València o Barcelona, el tratamiento se cobra a través del consorcio o del área metropolitana, mientras que la recogida depende del ayuntamiento, dificultando la comparación directa entre municipios.
Por último, las bonificaciones sociales y ambientales también crean disparidad: Barcelona aplica descuentos por exclusión residencial, Zaragoza los vincula a la renta y Bilbao prepara rebajas por uso del contenedor marrón.
El futuro: hacia tarifas inteligentes y justas
Entre 2026 y 2030 la tendencia será avanzar hacia tarifas más variables y ambientales, integrando tecnologías de trazabilidad. Los objetivos europeos de reciclar el 55% de los residuos municipales en 2025 y el 65% en 2035 obligarán a premiar la separación y penalizar el vertido.
Los contenedores inteligentes, la recogida puerta a puerta y los sistemas de bonificación automática según comportamiento se extenderán en las grandes áreas urbanas.
También se prevé una revisión del impuesto estatal de vertido, con menos exenciones y tipos más homogéneos. Las comunidades que den carácter finalista a la recaudación podrían reinvertirla en infraestructuras y sensibilización, reduciendo la presión sobre las tasas locales.
La próxima década consolidará el paso del recibo plano a la factura personalizada en función de la generación real de residuos
La tasa de basuras ha llegado para quedarse, pero su aplicación revela que la igualdad formal no garantiza equidad real. Los vecinos de una ciudad pueden pagar más del doble que los de otra por un servicio similar. El desafío para los próximos años será equilibrar sostenibilidad ambiental, justicia social y suficiencia financiera sin convertir la basura en un nuevo frente fiscal.
