Donde no se quería llegar se está llegando. La insistencia de los líderes del proceso soberanista catalán siguen estirando la farsa política en que se hallan inmersos y el Estado de derecho, que tiene sus límites de flexibilidad, pone en marcha sus resortes legales para detener la insumisión declarada. Las mentiras y ambigüedades con que el presidente Puigdemont intentó, desde su intervención en el Parlament del martes, seguir mareando la perdiz, ya no permiten esperar más.
El presidente del Gobierno, con el respaldo de los tres partidos claramente constitucionalistas, ha requerido a su colega autonómico que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña o no. Basta de estratagemas. La independencia de un territorio no es un concepto que admita términos medios como Puigdemont está intentando para ganar tiempo. Sus alusiones al diálogo, a la mediación y a la negociación son resortes políticos imprescindibles para resolver los conflictos, pero no para legitimar la violación de las leyes democráticas que nos rigen
Y eso es lo que han hecho los cabecillas del proceso secesionista — Puigdemont, Junqueras, Forcadell… –: cerrar las puertas, que ahora parecen querer entreabrir para seguir alimentando la farsa en que se han venido escudando para avasallar la Constitución, derogar su propio Estatuto de Autonomía, atentar contra en Estado de derecho, saltarse las normas que imposibilitaban sus pretensiones, despreciar los dictámenes, recomendaciones en contra de su actuación y fracturar y enfrentar a la sociedad catalana.
El intento segregacionista no es un motivo más de discrepancia o reivindicación en las relaciones entre partidos o instituciones que se pueda resolver hablando de manera irresponsable. Para afrontarlo hay cauces concretos en el ordenamiento jurídico. El independentismo ni ha querido seguirlos ni ha escuchado las consecuencias de su intento por conseguir sus ambiciones por las bravas, y ahora la negociación que reclama se vuelve más difícil. Una negociación siempre es como mínimo entre dos y, en este caso, uno es el Eatado que no puede ceder ante quienes se rebelan contra su autoridad.
Mariano Rajoy, primero en un mensaje tras un Consejo de Ministros extraordinario y luego ante el pleno del Congreso, anunció ayer que se estaba siguiendo el trámite preceptivo para aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución – que permite limitar las competencias de una Administración autonómica –. El primer paso, que todavía abre una posibilidad reversible, ha sido el requerimiento al President de la Generalitat que aclare si realmente proclamó la independencia o no, aunque haya sido sólo unos segundos.
Puigdemont, cada vez más aislado entre los socios que le empujaron a tan grave decisión, tiene así la última posibilidad de parar tan drástica medida. Si da marcha atrás y reconoce que se aviene a restaurar la normalidad institucional rota, todavía sería posible quizás abrir un diálogo sobre las demandas del autogobierno e incluso avanzar en la reforma de la Constitución. Pero siempre bajo el techo constitucional vigente y dentro del marco de las reglas que nos rigen a todos los españoles, no las leyes kafkianas impuestas por sus compinches en sendas parodias parlamentarias.
