26/06/2020 Fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 26 de junio de 2020. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reabrió ayer al público la mayor parte de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con cita previa en el primer caso, que permanecían cerrados desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press
«Se le han ido encargando tareas que no eran propias pero que no se le financiaban. Se introducían nuevas prestaciones y subsidios, pero no se introducía financiación adicional expresa para estas medidas», ha explicado Arroyo durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado.
El secretario de Estado de la Seguridad Social ha señalado que la previsión de cierre del presupuesto de gasto para este año está en 178.000 millones, una cifra que sin los gastos de la pandemia hubiera sido de 173.000 millones. «Nos gusta separar estos dos elementos: la parte estructural de la condicionada por el comportamiento de la enfermedad», ha aclarado.
Arroyo ha reconocido que «el presupuesto inicial de 2021 se quedó corto» y, por tanto, «la previsión de liquidación va a ser significativamente superior».
El presupuesto de la Seguridad Social para 2022 será 181.065 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a la previsión de liquidación de 2021, y del 4,2% si no se tiene en cuenta ese gasto extraordinario. En el próximo ejercicio, también aumentarán las transferencias del Estado «para financiar los gastos impropios de la Seguridad Social».
Además, como ha recordado Arroyo, en 2022 las pensiones se revalorizarán de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) y se prevé un desembolso de 5.000 millones de euros para las pensiones contributivas. El secretario de Estado también ha señalado que durante el próximo ejercicio se reducirán «de manera muy significativa» las prestaciones de incapacidad temporal gracias a la normalización tras la pandemia.
«La previsión y el resultado del sistema de Seguridad Social sería muy cercano al equilibrio, con un pequeño déficit del 0,5% sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Es una situación de déficit que no se veía desde la primera década de este siglo», ha apuntado.
El secretario de Estado de la Seguridad Social también ha defendido en las contestaciones a los portavoces la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en sustitución del Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013.
Arroyo ha comentado que todos los sistema de la Seguridad Social de los países desarrollados tienen un problema con las pensiones de la generación del ‘baby boom’, que pasará a jubilarse entre las décadas de 2040 y 2050. Para abordar esa situación, el secretario de Estado ha señalado que se trata de «un problema a largo plazo que hay que atender con instrumentos de largo plazo».
«La reforma de las pensiones contiene medidas de ese tipo, incentivos para demorar la edad de jubilación o el MEI que se acordó en el diálogo social en junio y que ahora se ha introducido como una enmienda», ha añadido.
El MEI sustituye al Factor de Sostenibilidad, al que Arroyo se ha referido como «un éxito de marketing». «Hace pensar que es la clave de sostenibilidad, pero tenía un efecto bastante menor en el grueso del gasto en pensiones de este país», ha matizado.
Para Arroyo, el factor de sostenibilidad «estaba muy mal diseñado» porque «atendía a un problema cíclico con un instrumento estructural» y, a la larga, reducía «de manera permanente» las pensiones de los actuales cotizantes.
«El MEI pretende el reparto entre generaciones, predotando con el Fondo de Reserva las pensiones de aquellos que ahora están trabajando, que serán los pensionistas del futuro (…). Es un mecanismo contingente porque a 2050, no nos engañemos, pueden pasar muchas cosas», ha subrayado.
El secretario de Estado también se ha pronunciado sobre el anteproyecto de ley para impulsar los planes de empleo en detrimento de los individuales, ya que estos no estaban cumpliendo sus objetivos a largo plazo, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Asimismo, se ha referido al Ingreso Mínimo Vital como «una historia de éxito» que se valorará a largo plazo. Respecto a los autónomos, ha instado a «mirar a futuro» y avanzar hacia la cotización por ingresos reales para hacer el sistema «más homologable». «Aquellos autónomos que tengan una situación peor, pagarán menos, y los que tengan una situación mejor, pagarán más y tendrán mejores prestaciones», ha comentado.
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