El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia en Moncloa.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha trasladado en persona al ministro Salvador Illa sus reclamaciones ante la “dramática situación económica y de viabilidad” en la que se encuentra este sector por la crisis del Covid-19. Su presidente, Carlos Rus, se reunió este miércoles con el titular de Sanidad, a quien detalló “cómo ha afectado de forma extrema” la pandemia a estos centros. Tal es así, que han lanzado un SOS al Gobierno.
“El objeto principal del encuentro”, explica ASPE en una nota, “fue exponer la afectación del sector ante un contexto drástico de limitación de la actividad de programación asistencial ordinaria, y sus consecuencias en una dramática situación económica y de viabilidad” en la que está este sector.
La Alianza de la Sanidad Privada pidió a Illa que este colectivo “sea considerado de forma previa” en los criterios de reparto del fondo autonómico sanitario de 10.000 millones de euros que el Gobierno activará en las próximas semanas para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia. Algo que el titular de esta cartera estudiará, ya que se “comprometió” a dar una respuesta en un periodo de 10 días, afirma ASPE.
Asimismo, Carlos Rus expuso al ministro los “datos de implicación “de los centros privados sobre la base de un estudio realizado en las últimas semanas con cifras de marzo y abril a una muestra de 124 centros que suponen el 42% de los hospitales privados generales de España y el 41% de las camas existentes en este tipo de centros sanitarios. Según este estudio, los 124 hospitales privados señalados han asumido el 16% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536).
A nivel de actividad, “todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia”, destaca ASPE. En concreto, las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%.
Por ello, trasladó a Illa le necesidad de medidas “urgentes y específicas” como que en los fondos que el Gobierno tiene previsto repartir entre las comunidades para cubrir los costes sanitarios “se contemple la compensación por los servicios asistenciales Covid y no Covid de pacientes derivados a la sanidad privada, bajo mandato de las autoridades sanitarias”. También “la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI, puestos a disposición e informados de forma diaria a las autoridades sanitarias autonómicas”.
A esto hay que añadir líneas de financiación ICO, bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social y un IVA superreducido “estable” para las compras de suministros y equipos sanitarios, entre otras iniciativas, ante la caída en la actividad ordinaria.
Según remarca Carlos Rus, “la sanidad privada, que supone el 3,4% del PIB español y que da empleo directo a 266.000 profesionales, vive la situación de viabilidad más crítica de su historia y debe ser respaldada con medidas que favorezcan su supervivencia”.
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